Este no fue un caso fuera de lo común: de acuerdo con las cifras del Instituto Medicina Legal, este año han sido asesinados 375 menores de edad (298 adolescentes, entre 17 y 19 años; 38 niños entre 10 y 14 años; 15, entre 5 y 9 años, y 24, entre 0 y 4 años.
Al conocerse los detalles del crimen se formularon serios cuestionamientos a la lenta reacción de los organismos de investigación, pues tardaron 19 días en hallar a la niña y capturar al culpable, cuando tenían sólidos indicios sobre la responsabilidad de Brayan Campo.
En esta ocasión hay más: la impunidad que favorece a los delincuentes. De acuerdo con las autoridades, el confeso asesino de la niña Sofía Delgado estaba en libertad, pese a que se seguía un proceso en su contra por una violación cometida en 2018, pero según la Policía este se habría truncado por vencimiento de términos. Y es que nada resolvemos con endurecer las penas si, en la práctica, los que tienen los medios económicos o se amparan en la inoperancia del aparato judicial no recibirán el castigo que merecen.
En estos momentos desdichados se revive el debate sobre la cadena perpetua para los violadores y asesinos de niños, que fue aprobada por el Congreso en 2021, pero que después fue declarada inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, expertos en el tema señalan que la amenaza de una condena de por vida, por sí sola, no va a disuadir a los abusadores y homicidas. Estas medidas deben ir acompañadas de un fuerte aparato judicial y de un abordaje interinstitucional de la problemática.
La sociedad debe exigir la aplicación de la justicia, en este y los demás casos de asesinatos, violaciones y abusos contra los menores, y, además reclamar la implementación de mecanismos más eficaces de protección, que deben comenzar por los hogares, el colegio y las comunidades. No les podemos seguir fallando a nuestros niños.
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