La reciente masacre de cuatro líderes comunales en la vereda La Rompida, de Yondó, es un trágico recordatorio de que el Magdalena Medio, una vasta región que abarca territorios de Santander, Bolívar y Antioquia, está sumida nuevamente en una lógica de violencia que amenaza con revivir los horrores de tiempos que creíamos superados, pues este hecho, lejos de ser un incidente aislado, refleja una problemática que las autoridades civiles, militares y el Gobierno Nacional no pueden seguir ignorando.
Las cuatro víctimas de esta masacre fueron obligadas a transportar a un presunto integrante del Clan del Golfo hasta Yondó, lugar en el que finalmente fueron asesinadas a sangre fría por un grupo armado, hechos, como decimos, que nos devuelven a la etapa más negra de la violencia política colombiana de los últimos 30 años. Según el gobernador de Antioquia, las disidencias de las Farc, serían los responsables de este crimen atroz, en un contexto de enfrentamientos entre grupos ilegales que disputan el control de la región.
La situación es alarmante, dado que en las últimas semanas, se han registrado combates entre las disidencias de las Farc, el Eln y otros actores armados como el Clan del Golfo, sin que la presencia estatal pueda contener esta violencia, aunque algunas ONG desde mediados de septiembre habían advertido de la incursión paramilitar en esta zona y las amenazas hacia líderes comunales.
El Magdalena Medio ha sido históricamente una región estratégica para actores armados ilegales debido a sus riquezas naturales, su ubicación geográfica y la debilidad institucional que ha caracterizado a esta vasta área del país, razón por la que el retorno de la violencia a niveles tan cruentos como los vividos recientemente debe mover al Gobierno Nacional, junto con las autoridades locales y departamentales, con respuestas firmes y eficaces para enfrentar esta crisis de seguridad.
Es inaceptable que los líderes comunales sigan siendo asesinados por defender sus territorios y oponerse a la presencia de grupos armados y para que la vida de estos líderes y de las comunidades que representan no sigan dependiendo de la voluntad de fuerzas criminales, se necesita una intervención integral del Estado, que incluya un aumento en la presencia militar efectiva en la zona, acompañada de programas sociales y económicos que fortalezcan el tejido social y ofrezcan alternativas reales de desarrollo.
El Magdalena Medio no puede volver a ser un territorio donde la guerra prime sobre el Estado de derecho. Es momento de que las autoridades nacionales y regionales actúen con contundencia para garantizar la seguridad y los derechos de sus habitantes, para lo cual el cese al fuego con grupos armados debe estar condicionado a un respeto real por la vida y la integridad de los civiles.
Es imperioso entonces que el Estado escuche y actúe antes de que la situación se desborde aún más. La paz en Colombia depende de proteger a quienes promueven la vida y la convivencia pacífica, no de permitir que los violentos sigan sembrando el terror en regiones olvidadas.
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