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En el segundo día de 2023, Planeación Nacional estableció el monto de las transferencias que hará para el gasto educativo este año, en los 46 municipios no certificados y en Ibagué.
De acuerdo con el documento Conpes correspondiente, Planeación Nacional estableció el monto total de la asignación parcial de las doceavas partes para el gasto de la “población atendida” según la matrícula de 2022.
En total, son $664 mil millones, de los cuales $207 mil millones se transfieren a Ibagué en su calidad de entidad territorial para atender el servicio educativo en la capital.
¿Habrá mayor presupuesto para educación en 2023, en este comienzo del gobierno de Gustavo Petro? Es el interrogante que se plantean los ciudadanos y principalmente las personas interesadas en la educación.
Por ahora, faltan datos para dar esta respuesta completa debido a que el presupuesto nacional 2023 no ha sido aprobado, tampoco el Plan Nacional de Desarrollo para el cuatrienio 2022 - 2026 y no se sabe de los aportes especiales para educación que se hagan durante la vigencia de la última reforma tributaria.
Según el documento Conpes que establece el monto parcial de las transferencias para educación, en cuanto a “población atendida”, por un valor de $664 mil millones no incluye el gasto para inversiones en calidad, entre ellas los aportes de los costos de la gratuidad educativa en los planteles educativos oficiales de educación básica y media.
Este monto global de transferencias, es superior en 51.098 millones de pesos (8.3 % de incremento) al correspondiente a las transferencias provisionales de comienzos de 2022.
Dicho de otra manera, por ahora se conocen los datos de las transferencias nacionales para gastos de funcionamiento que se destinan para pago de la nómina de los docentes y personal administrativos y los costos de gastos administrativos que implica el funcionamiento del sistema escolar en el Tolima.
Ahora falta conocer el monto de transferencias para gastos en Calidad, para los resguardos indígenas, la alimentación escolar, transferencias para los municipios ribereños del río Magdalena y para el Fondo de Pensiones Territoriales.
Algunas generalidades
Al abordar el análisis de aspectos relacionados con las inversiones en educación que hace el Estado colombiano, es necesario hacer referencia a temas y problemas relacionados con el gasto educativo.
México es el país de Latinoamérica con la mayor inversión en el sector educativo y le sigue Colombia. Nuestro país ha aprobado presupuestos para educación, con el mayor valor en los años 2019 - 2023, tradición que se mantendrá en el gobierno del presidente Petro.
El presupuesto para educación de 2022, superó la cifra de $49.4 billones. El del año 2023, será de $54.8 billones, según el Ministerio de Educación Nacional. “El Presupuesto para Educación será $54,8 billones en 2023 frente a $49 billones en 2022, un crecimiento del 11,8 % orientado a fortalecer el sistema educativo y a brindar una educación de calidad para todos”.
Las cifras del monto global de presupuesto, estará sometido a los vaivenes de la inflación, que toma como referencia el valor del dólar, siempre variante. Así lo será el presupuesto educativo con relación al PIB y se calcula que será del 3 % del PIB en el 2023.
El gobierno nacional ya divulgó la primera versión del Plan Nacional de Desarrollo 2022 - 2026 “Colombia, potencia mundial de la vida”, que según el análisis que hace el observatorio de gestión educativa, de Empresarios por la Educación (2022), “para el sector educativo se proponen 13 apuestas; una de educación inicial; siete de preescolar, básica y media, tres en educación superior y una aborda desde preescolar hasta educación superior.
“El 31 % de las propuestas PND 2022 - 2026 se enfocan en la permanencia, 23 % en el fortalecimiento de los docentes, 15 % acceso, 8 % se refieren a la calidad educativa, mismo porcentaje que tienen la innovación y la tecnología, la formación trasversal y los procesos administrativos”.
Habrá que esperar la aprobación de este Plan de Desarrollo para hacer mayores análisis sobre la inversión en gasto educativo en 2023 y en todo el cuatrienio del presidente Petro.
El gasto educativo global está a cargo de la nación, pero es preciso saber que hay otras fuentes de financiación del sistema escolar estatal, entre ellas las inversiones presupuestadas de sus recursos propios para educación que hagan los departamentos, los distritos y los municipios; los provenientes de crédito interno y externo; las inversiones que se hagan del Sistema General de Regalías, las provenientes de proyectos nacionales que dirige el Ministerio de Educación, etc.
Se han anunciado reformas, entre ellas, las del Sistema General de Participaciones (Ley 715), la reforma de la Ley 30 para el sistema general de Educación Superior, reformas que tienen implicaciones fiscales, necesariamente.
La estructura presupuestal para educación centra sus inversiones en gastos de funcionamiento. Se calcula que uno de cada 10 pesos del presupuesto educativo se gastan en inversión, el resto en gastos de funcionamiento, es decir, en pago de los gastos de nómina y prestaciones sociales del magisterio.
Cada vez que un docente estatal adquiera un nuevo título de posgrado, con ello asciende en el escalafón salarial de ahí que los costos de la nómina siempre tienden a crecer, a pesar de que la matrícula descienda, tal como está ocurriendo en todos los niveles educativos, más aun en tiempos de la pandemia del Covid-19.
Incrementos significativos por cada alumno matriculado
Es necesario decir que a mayor número de estudiantes matriculados, habrá mayor asignación de recursos financieros para el gasto educativo, de ahí la importancia de estimular el incremento del acceso a la educación, es decir, de lograr una mayor cobertura por niveles educativos.
La Ley 715 de 2001, establece la “metodología de asignación por alumno para cada ETC corresponde al valor certificado por zona geográfica, nivel educativo y ETC… Para las tipologías se estimó́ un aumento igual al porcentaje en el que se incrementaron los recursos del Sistema General de Participaciones (10,25 %)”.
La ley 715, entre sus errores o efectos negativos, está el de financiar sólo uno de los tres grados de preescolar, el de transición para infantes de 5 años de edad, negando la financiación de los grados de prejardín y jardín para cumplir con el mandato legal de la Ley 115 de 1994 sobre la obligatoriedad de la oferta de los tres grados de preescolar para infantes de 3 y 4 años de edad.
La financiación de los grados de prejardín y jardín del nivel preescolar, quedan a cargo de colegios privados, de ahí que una tarea urgente del gobierno nacional y del parlamento sea la de adelantar la reforma de la Ley 715.
Tipologías por niveles educativos
Tal como lo establece la Ley 115, en estos documentos Conpes se determina cuánto se transferirá a las entidades territoriales por cada alumno matriculado según los niveles educativos y su ubicación geográfica en las zonas urbanas y rurales.
Entre 2022 y 2023, según el documento Conpes que analizo, se incorpora un incremento significativo de la asignación de recursos financieros por cada alumno matriculado.
Se estimula el acceso a la educación para el nivel de preescolar, “jardín y transición”, términos que hacen suponer destinación de recursos para un segundo grado de preescolar, el de jardín para infantes de 4 años de edad. Queda pendiente un mayor conocimiento sobre este asunto.
Por ahora, se establece que habrá mayores transferencias de recursos financieros para preescolar en las zonas rurales. En los 46 municipios no certificados atendidos por la gobernación, con una asignación per cápita de 4 millones 7 mil pesos en las zonas rurales y en Ibagué, en las mismas zonas, 4 millones 72 mil pesos. En las zonas urbanas tanto en los municipios no certificados como en la capital del Departamento, esa asignación está ligeramente por encima de los 3 millones de pesos.
Con un mayor valor de asignación de recursos financieros se estimula, también, el acceso de estudiantes a la educación media, principalmente a quienes lo hagan en planteles rurales. Se establece una asignación por cada alumno matriculado en este nivel y zona geográfica de 3 millones 869 pesos en los planteles de Ibagué y de 3 millones 807 mil pesos en los 46 municipios no certificados.
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