Ofrecer educación a personas en edad escolar, tiene altos costos que se registran en los presupuestos de ingresos y gastos de la nación y de cada una de las entidades territoriales. A mayor presupuesto para gastos en educación en la nación, mayores posibilidades de mejora de la oferta educativa, porque es la nación la que responde, por la financiación del sistema escolar en Colombia.

Que el presupuesto nacional para educación en el 2024, es “un presupuesto histórico”, en cuanto equivale a un 14% del presupuesto total, en el presupuesto inicial de 70 billones de pesos, el más alto. O el segundo, después del gasto en pago de la deuda de 94.5 billones de pesos, hacia  octubre del año 2023 cuando fue aprobado por el Congreso.

Vale advertir que el gasto educativo en las entidades territoriales certificadas, el Tolima para los 46 municipios no certificados e Ibagué como único municipio certificado para administrar los recursos financieros y de personal, dependen de la población educativa matriculada. 

A mayor número de estudiantes matriculados, la nación hará mayores transferencias para gasto educativo, a través del Sistema General de Participaciones, SGP, creado para el efecto. 

La disminución de la matrícula en 10.627 estudiantes menos en las aulas entre el año 2023 y el 2024 en todos los municipios, incluyendo Ibagué, tiene sus efectos financieros.

LAS TRANSFERENCIAS DEL SGP PARA EL TOLIMA 

Para la prestación del servicio educativo en los 46 municipios no certificados del Tolima, por la cual responde la gobernación, el presupuesto inicial para educación en el año 2024 fue de 757.212 millones de pesos; para Ibagué, 378.070 millones. Recursos financieros que se utilizan en gastos de personal (pago de salarios y prestaciones sociales) y sólo un 10% para gastos en calidad, incluyendo en estos los costos de gratuidad educativa que se transfieren a los Fondos de Servicios Educativos de los planteles educativos oficiales.

Es planeación nacional la que establece las transferencias de recursos financieros para el gasto educativo en los departamentos y los municipios certificados y no certificados. 

Según planeación nacional “El artículo 16 de la Ley 715 de 2001 establece que los recursos de la participación para educación del SGP se distribuye con base en los criterios de: i) población atendida; ii) población por atender en condiciones de eficiencia; y; iii) equidad.

La asignación por población atendida incluye el valor por alumno que se destina a financiar la prestación del servicio educativo. En virtud de lo señalado en el artículo 16 de la Ley 715 de 2001, esta asignación se determina a partir de las tipologías educativas que defina la Nación”

Con base en estas tipologías, que son la referencia para el monto de las transferencias que hace la nación para el gasto educativo, se pueden formular e implementar estrategias para el incremento de estos aportes de la nación y para aumentar  las inversiones en factores de la calidad educativa. 

Las transferencias nacionales para educación, están destinadas a gasto de personal, financiar la gratuidad educativa, los costos de la alimentación escolar, las transferencias para los cabildos indígenas, las transferencias para los municipios de las riberas del río Magdalena, los gastos del personal administrativo y la conectividad. 

Si la nación transfiere mayores recursos por cada alumno matriculado en zonas rurales, y principalmente si tal incremento de estudiantes se hace en el grado de jardín y de transición de preescolar, el departamento e Ibagué, pueden lograr ingresos de 4 millones 362 mil pesos en los municipios no certificados  por cada alumno matriculado y una cifra similar de 4 millones 433 mil pesos si se hace en las veredas de Ibagué.

Si la meta es incrementar la matrícula en los grados décimo y undécimo de la educación media, la gobernación o la alcaldía de Ibagué  pueden incrementar las transferencias a razón de 4 millones 144 pesos por cada estudiante matriculado en las veredas  . Si esa estrategia se aplica en Ibagué, la nación transferirá 4 millones 211 mil pesos por cada estudiante matriculado en las zonas rurales.

LOS FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS Y LA GRATUIDAD

La gratuidad educativa responde a una sentencia de la Corte Constitucional, sentencia C-376-10 y en consecuencia, en el país esta decisión comenzó a ser aplicada hacia los años 2011 y 2012 en la educación básica y media , ahora  extendida a la educación superior desde el año 2021 (ley 2155,decreto 1667 de 2021).

Los de Fondos de Servicios Educativo (FSE) de cada plantel oficial recibe las transferencias nacionales destinadas a asumir costos de calidad que sustituyen los ingresos que se recibían por concepto de matrícula. Los recursos financieros nacionales que llegan a estos fondos, son administrados por los Consejos Directivos de cada establecimiento y el rector correspondiente es el ordenador del gasto.

¿A cuánto ascienden las transferencias nacionales para gratuidad educativa? Su monto depende de la cantidad de estudiantes matriculados en el plantel. 

Son 2072 los FSE que operan en el Tolima, número equivalente al total de establecimientos educativos sedes, de ellos 60 en Ibagué. 

De acuerdo con el monto de las transferencias que ha establecido planeación nacional, hay planteles educativos oficiales a los que ingresan más de 200 millones de pesos en el 2024 y entre estos están IE Sumapaz, 316 millones 597 mil pesos; la Institución Educativa Martín Pomala de Ataco, 226 millones 639 pesos; la IE Soledad Medina de Chaparral, 211 millones 730 mil pesos  y San Isidro del municipio de Espinal, 213 millones 327 mil. 

BAJOS INGRESOS PARA GRATUIDAD.

La baja disponibilidad de recursos financieros para inversiones en calidad educativa es ya una de las características de las instituciones educativas estatales. 

Un plantel educativo oficial tiene garantizados los recursos para los gastos de salarios y prestaciones del personal docente y administrativo que se les haya asignado. También recursos para satisfacer la alimentación escolar, aunque no cubra a la totalidad de los estudiantes. 

Los planteles educativos estatales no siempre disponen de recursos financieros para mejoras o nuevas construcciones en su infraestructura  y para lograr la dotación requerida para satisfacer la conectividad a través de medios tecnológicos. 

Operan planteles educativos a los cuales llegan recursos financieros inferiores a los 40 millones de pesos,  debido a la baja cobertura de la matrícula, principalmente. Son recursos de calidad-gratuidad que transfiere la nación directamente a los Fondos de Servicios Educativos que, de acuerdo con el Consejo Directivo y el rector, no se podrán destinar a costos de personal. 

Estos son los casos de algunos planteles educativos a los cuales la nación les hace transferencias inferiores a los 40 millones de pesos en el año 2024: IE Santa Rosalía del Valle de San Juan, un millón 226 mil pesos ; IE San Pedro de Armero-Guayabal, 27 millones,663 mil pesos; IE Patio Bonito del Espinal, 23 millones 238 mil pesos; IE Las Mercedes del Guamo, 19 millones 538 mil pesos; IE Alfonso Daza de Herveo, 18 millones 67 mil pesos; IE Otoniel Guzmán de Venadillo, 17 millones 506 mil.

¿Qué inversiones se podrán hacer con tan bajos recursos para financiar la gratuidad educativa  y la calidad en estos planteles educativos? 

PLANTELES EDUCATIVOS EN SITUACIÓN CRÍTICA Y SATISFACTORIA EN CUANTO A COBERTURA.

La Secretaría de Educación departamental hace un seguimiento mensual a la evolución de la matrícula en sus 212 instituciones educativas y sus sedes rurales. Son los “ranking” en los cuales estos planteles se clasifican en cinco categorías: Un grupo con las 6  IE en situación crítica, aquellas donde les falta el 15% del número de estudiantes del año inmediatamente anterior; un segundo grupo de 14 IE en alerta alta porque les falta cubrir entre el 10 y el 15 % de la matrícula del 2023·; el tercer grupo, de 64 IE de alerta media donde falta hasta el  10% de la matrícula del 2023; el cuarto grupo lo integran 81 IE en alerta baja donde falta hasta el 5% de la matrícula registrada en el año anterior y finalmente , el grupo de felicitaciones integrado por 47 IE que logra superar la cifra de matrícula del 2023.

Las seis instituciones educativas en situación crítica en cuanto a cobertura escolar en los 46 municipios no certificado son: IE San Fernando del Líbano; IE Cairo Socorro de Purificación; Antonio Nariño de Casabianca; La Ceiba de Rovira; Pablo Sexto de San Antonio y La Paz del municipio de Flandes.

Por Luis Eduardo Chamorro Rodríguez

luiseduardochamorro10@gmail.com

Especial para El Nuevo Día.