Con la llegada del presidente Gustavo Petro al poder, un importante número de proyectos de ley encontraron su eventual trámite, entre los apoyos de sus seguidores y las críticas de sus detractores.

La discusión política sobre reforma laboral, prolífera en diferentes departamentos del país, se empezó a gestar la discusión en cuanto su impacto, incidencia y pertinencia frente a las dinámicas del país, como sus más ‘variables’ indicadores. 

Como primer hecho relevante, la ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, radicó el proyecto de reforma laboral, ‘Trabajo por el cambio’, ante el Congreso de la República, con el que buscará “la estabilidad laboral y la dignificación de los trabajadores colombianos”.

La ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, ha defendido a ‘capa y espada’ la reforma laboral del ‘petrismo’.

Desde la óptica del establecimiento, se busca con el proyecto de ley mejorar las condiciones laborales de los trabajadores del país, con el fin de ‘apretar’ políticas que amparen temas de contratación, tercerización, jornadas laborales y la reestructuración de las plataformas digitales; sin embargo, desde el sector privado no convenció ‘de a mucho’ la reforma.

Es clave tener en cuenta que, sus primeras revisiones, dejaron con un ‘sinsabor’ a varias colectividades independientes y de oposición, quienes ven en la reforma una ‘hecatombe’ económica y laboral sin precedentes.

Ante lo anterior, el Banco de la República tomó postura e indicó, tras una investigación, que el trámite del articulado presentado por el Gobierno pondría en riesgo cerca de 450 mil empleos. Y en sintonía, la Andi (Asociación Nacional de Empresarios de Colombia) apoyó el argumento haciendo énfasis en los sobrecostos que generaría su eventual trámite. 

Para más ‘inri’, otro sector que despertó ‘suspicacias’ alrededor de la reforma es el agrícola. Jorge Enrique Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), señaló que “si bien el gobierno incorpora algunos de los temas que propusimos en el contrato agropecuario, no se está reconociendo la posibilidad de tener contratos por el tiempo efectivamente trabajado”.

El sector agrícola expresó su preocupación ante el trámite de la reforma.

“Definitivamente como está la reforma, no se resolverá el problema de fondo, por el contrario, puede conllevar a más dificultad a la hora de contratar mano de obra, algo que ya de por sí es bastante difícil en el campo”, subrayó el líder agricultor.

Paralelo al debate, en el legislativo algunos partidos indistintos a la coalición de Gobierno, también presentaron una ponencia la cual deberá ser discutida a la par del articulado del Pacto Histórico. Tal es el caso de la ponencia alternativa presentada por el representante Victor Salcedo (Partido de la U) y el proyecto de ley del representante Carlos Ardila (Partido Liberal), este último con el apoyo de otros 25 legisladores. 

Para el caso del Tolima

En el escenario local, algunas posturas empezaron a ver la luz frente al trámite de la reforma. El alcalde de Ibagué, Andrés Hurtado Barrera, opinó en un evento en el barrio El Salado que el proyecto de ley traería despidos en la ciudad, calificandolo de “lesivo”.

“Si empiezan los despidos masivos, los empresarios comienzan a irse, a cerrar, nadie va a decir 'yo voy a seguir sosteniendo y me voy a quebrar', cierran y así pasó en Venezuela, un país muy rico y fuerte. Los colombianos se iban a Venezuela porque era un país dolarizado, hoy en día a los venezolanos y a muchos extranjeros les ha tocado ir a rebuscarse a muchas partes del mundo para mandar platica a sus familias”, acotó Hurtado.

Y expresó: “Paren en el Congreso de la República, que no vayan a votar una reforma que es lesiva con el pueblo colombiano. (...) ¿Quién se jode? Pues la gente que trabaja en las empresas, ¿quién pierde sus empleos?, ¿quién pierde la posibilidad de acceder a un crédito para la vivienda, para la educación sino tiene un empleo formal y digno? Eso nos conlleva a la pobreza y nos lleva a muchas problemáticas sociales que se pueden vivir”.

Otra postura tomó el columnista Rodrigo López Oviedo, quien opinó que la reforma busca mejorar las condiciones laborales. “Tales condiciones implican estabilidad, salarios justos con prestaciones sociales, jornada racional, formación integral para el trabajo y acceso a una seguridad social efectiva, entre otros aspectos, pues de otra manera es imposible lograr que la vida laboral sea un factor de tranquilidad y buen vivir para el trabajador y de paz para la sociedad, apuntó López Oviedo.

En diálogo con Jaime Eduardo Reyes, director del Instituto de Desarrollo Regional de la Universidad de Ibagué, indicó que la reforma “busca mejorar las condiciones laborales de los actuales trabajadores y eso está muy bien, y aunque apoya a los actuales empleados limita la creación de nuevos empleos y no ayuda a resolver el problema de la informalidad”.

Y complementa: “Esto gracias al aumento de los costos del empleo formal que se vuelven mucho más críticos en micronegocios o negocios de economía popular y para las microempresas. Preocupa que estudios del Banco de la República y Fedesarrollo estimen que la reforma laboral eliminará unos 450.000 empleos formales en Colombia. Esta reforma está diseñada para darle más beneficios a los que ya tienen beneficios, especialmente a los empleados que están sindicalizados, por eso algunos expertos la han definido como una reforma sindical más que laboral”.

En ese orden, en una ciudad como Ibagué con altas cifras de desempleo, se entrelee que la reforma no lograría tener el efecto deseado, máxime por las dificultades que históricamente se han presentado en el municipio para aliviar las cifras de informalidad, pobreza, desempleo y demás categorías que inciden en el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM). 

En la tabla se establece cómo incrementará en más del 18 % el costo mensual, dato relevante, máxime por el gran número de micronegocios en la región.

Bajo esa lógica, es menester tener presente que el Tolima registró una reducción significativa del IPM, pasando del 16,6 % en 2021 a 10,5 % en 2022. Sin embargo, la brecha de la pobreza multidimensional entre las cabeceras municipales y los centros poblados y rural disperso es bastante amplia, ya que mientras en las cabeceras el IPM es de 5,4 %, en las zonas rurales asciende a 22,0 %. 

“Colombia, y particularmente Ibagué, necesita una reforma que incentive la creación de empleos, acabamos de observar los resultados de pobreza multidimensional en donde queda claro que se necesita resolver el problema de informalidad y para el caso del Tolima resolver el problema de desempleo de larga duración. Esta reforma no piensa en los jóvenes, y eso es lamentable para los jóvenes que viven en una de las ciudades con mayor desempleo en Colombia”, precisó el académico Reyes Martínez.

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