Hay por lo menos 110 propietarios que no han querido negociar sus terrenos.

El gobernador indígena, Yesid Briñez Poloche, denunció que la oferta para comprar los predios para la segunda fase del Triángulo del Tolima, es irrisoria.

Esto lo llevó a poner una tutela para reclamar al Incoder la metodología que cumplen en la zona, la cual salió a su favor.

La negociación
El 12 de julio de 2010, el Instituto Colombiano para el Desarrollo Territorial, Incoder, expidió la resolución 1934, mediante la cual establece el proceso de compra de los predios para la segunda parte del proyecto, que consiste precisamente en la construcción de los canales que parten desde la presa de Zanjahonda y que involucra a unos 310 terrenos, por los cuales deberá pasar el agua para las actividades agrícolas.

En ese proceso se designa a la compañía Unión Temporal Canales 2010 para iniciar los trámites de adquisición con base en la valorización que establece el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC).

La disposición establece la figura de enajenación voluntaria y/o expropiación, pues el Triángulo tiene una utilidad pública y es considerado un proyecto estatal.

“Eso significa que vendemos por las buenas o lo hacemos por las malas”, explicó Nohemí Lezama Aragón, una integrante dela comunidad que no comporte la metodología del Estado ni de los particulares, pues hay casos en los que un metro cuadrado está valorado en 100 o 200 pesos.
    
Pocos pesos
La adquisición o enajenación comprende los sitios por donde tienen que pasar los canales, habiéndose negociado 200 y faltando 110 terrenos todavía.

Pues bien, Briñez Poloche, explicó que cuenta con un terreno de cinco hectáreas, y que el proyecto requiere cuatro mil 86 metros cuadrados, que fueron avaluados en 444 mil pesos.

“Cada metro cuadrado alcanzaría los 109 pesos, lo cual es una cifra irrisoria; sin embargo el problema no necesariamente es económico, pues estos territorios indígenas tienen un fuero especial, a la luz de acuerdos internacionales, luego se discute la validez de esa resolución.

“Tampoco consultan a los líderes, sino que envían una carta en la que prácticamente estamos obligados someternos a sus reglas”.

Esto llevó a Briñez a instaurar acciones legales y a pedir cuentas ante las diferentes instituciones, pues recuerda que existen unos derechos especiales para comunidades indígenas que en este caso se están pasando por alto por parte del Estado colombiano.

Petición
El pasado 6 de julio eleva un derecho de petición ante el Incoder en donde le exige que explique de qué manera y en qué fechas se surtió la consulta previa, establecida en el convenio 169 de la OIT relacionado con la declaratoria de utilidad pública del predio La Primavera, de la vereda Chenche – Agua Fría de Coyaima.

“Se les olvida que estos territorios son inembargables, inalienables e imprescriptibles. Le pido también que me anexen en la respuesta, los documentos en donde fundamentaría la respuesta.

“Pues bien esta es la hora que el Instituto no contesta”, explicó el Gobernador.

Al vencerse el término y al no obtener ninguna explicación, se instaura una tutela, que fue resuelta por el Juzgado IV Civil del Circuito, el pasado martes 16 de agosto, mediante la cual se decide “conceder el amparo de tutela al derecho de petición invocado por Briñez Poloche; en consecuencia se le ordena a la directora territorial (Tolima) del Incoder que en un término de 48 horas proceda a expedir el acto administrativo que resuelva positiva o negativamente dicha solicitud”.

Una vez notificada la tutela, se cumple el plazo y no hay resolución del conflicto planteado, luego se procede a establecer una acción de desacato, que vencía el viernes anterior, y de la cual se espera sea reconocida esta semana por parte del despacho judicial.

Para el Gobernador, es el Incoder, la entidad que está obligada a resolver el tema de la consulta previa, que nunca se hizo, y que una vez aceptada por el Juzgado, da cuenta que la resolución 169 dela OIT está vigente y es de obligatorio cumplimiento.

TEMOR
El gobernador Briñez, indicó que llegará hasta las últimas consecuencias del proceso, pues las anomalías en la compra de estos territorios son comunes; sin embargo, los indígenas se niegan a instaurar acciones legales porque unos son muy pobres y necesitan el dinero, otros no conocen el tema legal, y como si fuera poco, habría presiones indebidas para que la enajenación voluntaria se cumpla rápidamente.

El representante de la comunidad de Chenche – Buenavista, fue amenazado desde el 2005 por los grupos al margen de la ley, por lo cual cuenta con un esquema de seguridad por parte del Ministerio del Interior.

Advierte que el tema de los predios hay que manejarlo con más cuidado en la zona e incluso replantearlo.
Para él urge mayor transparencia, justicia y equidad en los precios, pues el temor es que las bandas delincuencias (bacrim), terminen por incidir en todo este proceso, y como siempre salgan huyendo del  Triángulo las familias pobres que se deberían beneficiar del riego.