En el reporte entregado por el ente de control, indican que la advertencia la hacen para 29 municipios en el país, en los que se encuentra Flandes, y siete departamentos, donde está incluido el Tolima.

La Procuraduría requirió a estas 36 entidades territoriales, para que revisen y ajusten la información reportada en el Sistema Consolidador de Hacienda e Información Pública-CHIP que, en algunos casos, presentan anomalías en el registro de los días de atención contratados, asignación de recursos versus porcentaje de compromisos asumidos con dichos recursos y adiciones en contratos por más del 50 %.

En su comunicación, el ente de control recordó que el reporte de la información debe ser confiable, veraz, oportuno y preciso y que el no envío de información conforme a los plazos, condiciones y formatos indicados por el Gobierno nacional y el haber remitido o entregado información incompleta o errónea, puede constituir un riesgo para la prestación adecuada de los servicios financiados con recursos del Sistema General de Participaciones.

El Ministerio Público exhortó a las entidades territoriales responsables a que registren la información de manera acertada pues esta es fundamental para monitorear y lograr el seguimiento, evaluación y control de la destinación de recursos del PAE, así como para la implementación de soluciones de política pública orientadas a garantizar el acceso con permanencia de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes beneficiarios.