luego de un año del robo de $10.987.123.589 a las cuentas bancarias de la Alcaldía de Purificación, hecho declarado de impacto nacional por la Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la Nación formuló cargos a Christian Andrés Barragán Correcha, mandatario local, e Isaías González, tesorero municipal. 

En un oficio emitido por parte de la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales, que además trae a colación los hechos que rodearon el hurto acaecido el 24 y 27 de diciembre de 2022, se indica que ambos funcionarios, con su comportamiento, presuntamente habrían incurrido en una falta gravísima.

En ese sentido, la dependencia reseñó el        artículo 48 numeral 3 de la Ley 734 de 2007, el cual, en relación a dicha falta, establece que consiste en: “Dar lugar a que por culpa gravísima se extravíen, pierdan o dañen bienes del Estado o a cargo del mismo, o de empresas o instituciones en que este tenga parte o bienes de particulares cuya administración o custodia se le haya confiado por razón de sus funciones, en cuantía igual o superior a quinientos salarios mínimos legales mensuales”.   

Y es que tras la revisión del material concerniente al caso, el despacho consideró que tanto Barragán Correcha como González habrían cometido falta disciplinaria producto de una conducta omisiva.

En cuanto al burgomaestre, en el apartado de concepto de violación de normas, se indica que, dado el contexto, éste “pudo haber dado lugar a que por incumplimiento de las funciones propias del cargo y en su condición de jefe de la administración local se hurtaran dineros públicos” por el orden de $10.987.123.589 de nueve cuentas, entre ahorros y corrientes, de la entidad financiera Bancolombia.

Durante ese proceso, que se desarrolló mediante la Sucursal Virtual Empresa SVE, conforme a la Dirección, se empleó información y claves de manejo de carácter personal e intransferible, los cuales estaban bajo la responsabilidad del alcalde.

Cabe mencionar que en torno a las transacciones, Bancolombia indicó que estas no fueron detectadas como irregulares, toda vez que habrían cumplido con el esquema de seguridad de Control Dual, donde para cualquier movimiento es necesario de los usuarios ‘Preparador’ (Tesorero) y ‘Aprobador’ (Alcalde) .

Otra de las conclusiones expuestas consiste en que el mandatario, quien en medio del ejercicio de rendición de cuentas que llevó a cabo el 16 de diciembre del año anterior manifestó que se había radicado una denuncia ante la Superintendencia Bancaria, con el ánimo de que en su concepto Bancolombia responda por el dinero retirado en sucursales, cajeros electrónicos, corresponsales bancarios, entre otros, debió ser “riguroso” y atender a las recomendaciones que brindó la entidad bancaria en materia de la seguridad de las cuentas.

En esa línea se añade que; “está demostrado en el proceso que los tokens son de uso personal e intransferible tal como lo establece el “Reglamento Sucursal Virtual Empresas y App Empresas Bancolombia”, sin embargo, este elemento, que debería estar siempre en manos y en custodia del disciplinado, lo entregó al señor tesorero Isaías González quien lo depositó en la caja fuerte de la tesorería.

Precisamente González, con el acto de tener un documento al interior de su agenda personal, según reseña la dependencia, que contenía las claves de la banca virtual de Bancolombia, al parecer desconoció una recomendación del reglamento de la entidad relacionada con memorizar tales datos y no escribirlos en ninguna parte.

Con respecto al tesorero, el oficio también rememoró que cuando el 27 de diciembre de 2021 intentó abrir la caja fuerte, donde guardaban los tokens y la agenda, no logró hacerlo, por lo que un día después se procedió a perforar tal estructura.

“Se conoce que Isaías González, señaló que cuando ingresó a la banca virtual “me dio la sensación de que esos no eran los tokens y que los que estaban utilizando habían sido hurtados”, reza en el documento.

Primeras determinaciones

La Contraloría del Tolima emitió en su momento dos hallazgos administrativos con incidencia disciplinaria y un hallazgo administrativo con incidencia fiscal, disciplinaria y penal, en contra de la Administración municipal.

Según recopiló la Procuraduría, el 27 de diciembre de 2021 se habrían realizado 93 transacciones.

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