Campesinos de diferentes municipios del departamento se reunieron en Ibagué para exigirle al Gobierno nacional que la Ley 2071, la cual tiene como fin entregar alivios financieros a los pequeños y medianos productores, se haga realidad y no siga en el papel.

Varios de los participantes coincidieron en que además de las deudas y el riesgo de embargos o pérdida de tierras, existen una serie de problemáticas que están ocasionando que la labor de producir alimentos se vuelva toda una ‘odisea’.

Absalón Arias, integrante de la organización Movimiento Fuerza Campesina y Juvenil, explicó que existe gran preocupación entre los productores, quienes se siente agobiados por las entidades financieras que les advierten que pueden perder sus fincas, además “el Banco Agrario subió de manera irregular el valor de las cuotas que teníamos que pagar sin que nadie le controlara”, comentó.

Otras de las razones expuestas por la organización campesina para hacer la movilización está que el Gobierno nacional, ni en el anterior mandato ni en el actual, ha sacado los decretos reglamentarios que permitan aplicar la Ley 2071 con la banca privada, cooperativas, entidades de microfinanzas y molinos.

“El campesinado está en la miseria, en el abandono, y porque desde el 2020 a la fecha no tenemos cosecha, hemos perdido hasta el     80 % y nadie se conduele. Venimos a decirle al Gobierno departamental que el campesino está presente, que no solo contamos el día de las elecciones, sino los cuatro años porque producimos la comida”.

Otra de las participantes en la jornada fue Cristina Cruz, quien provenía de Cajamarca, indicó que las mujeres tienen mayor carga emocional, pues además de velar por el cuidado de sus hijos, el orden en sus casas y ‘echar azadón’, deben lidiar con la presión de las deudas bancarias, “no tenemos una vida tranquila porque nos están cobrando lo que no es, no es justo”.

Agregó que un apoyo del Gobierno nacional sería generar un seguro a cosecha, “a veces nosotros sembramos y no sabemos si va a calentar (verano), si va a llover mucho, si hay plagas, enfermedades, esto nos va a dañar la cosecha y qué nos dice el Banco Agrario, paga o paga”.

A ello se suma el aumento en el valor de los insumos, según Cristina, en temas de presupuesto el cultivo de arracacha o frijol no le da mucha margen de ganancia, pues aunque hace el esfuerzo de producir, al llegar al mercado los precios son muy bajos, por lo que no hay compensación.

“Le pedimos encarecidamente al (presidente) Petro, a la Vicepresidente que ponga los ojos en los campesinos (…) el campo está agonizando y si muere qué van hacer en la ciudad”.

Sin relevo generacional

Todas estas situaciones generan que los campesinos se sientan relegados, por ello los jóvenes están emigrando, “si el gobierno no le pone cuidado al campo, este se está quedando solo, ya nosotros tenemos una edad bastante avanzada, estamos enfermos, los hijos no quieren trabajar en el campo y es imposible obligarlos a algo que no se puede”, precisó Cristina Cruz.

En este tema coincidió un residente de la vereda Pitalito de Mariquita, quien      calculó que al menos el      75 % de las personas que viven el campo son mayores a 55 años y los jóvenes optan por irse a las ciudades hacer cualquier tipo de trabajo e incluso se dejan tentar por la delincuencia, debido a la falta de estudio.

En su concepto no se está dando un relevo generacional, lo que podría generar graves consecuencias en algunos años.

JORGE CUÉLLAR / EL NUEVO DÍA - Absalón Arias, líder campesino.

Sin concretarse anuncios

El panorama en San Antonio también es complejo, según Arlin Cuéllar, habitante de esta población, indicó que las cosechas están a la baja debido a los drásticos cambios del clima y lo poco que se alcanza a producir es difícil transportarlo por la falta de vías.

“Estamos totalmente acabados en el campo y el llamado es al presidente Petro y a todos los entes: gobernaciones, alcaldías, que le pongan mano al campo, ellos y la ciudadanía lo saben, que sin el campo no hay ciudad, no hay comida”.

Agregó, que en ocasiones se anuncia que se van a entregar una serie de ayudas o apoyos, pero hasta el sol de hoy nada sucede, muestra de ello es que la ley 2071 al parecer se la están ‘pasando por la galleta’.

JORGE CUÉLLAR/ EL NUEVO DÍA - Miles de mujeres  en la región dependen económicamente del campo. 

En Ibagué

La zona rural de la capital tolimense también cruza dificultades, de acuerdo con el concejal Jaime Tocora, desde la Corporación se han dado garantías para que la Administración municipal solvente las necesidades, sin embargo, no se logra avanzar.

“Recordemos que en 2020 se dieron unos recursos para poder comprar maquinaria amarilla, la cual necesitan hoy los campesinos y esta es la hora que no se ha comprado, es culpa de la incapacidad de la Administración”.

Y a manera general, opinó que actualmente no hay condiciones mínimas para desarrollar la labor de la agricultura a lo que se suma que en Colombia no se reconoce a los campesinos como sujetos de derechos.

Finalmente, luego de esta protesta los campesinos esperan que en un término de dos meses la nueva Ministra de Agricultura, Jhenifer Mojica Flórez expida los decretos reglamentarios de la Ley 2071 con la banca privada y las entidades de microfinanza.

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