Tras audiencia especial de pacto de cumplimiento, el Tribunal Administrativo del Tolima vinculó al presidente de la República, Gustavo Petro y otras entidades en torno a la acción popular interpuesta el año anterior por Leonardo Zuluaga Rubio y Cristian Angulo Londoño, mediante la cual solicitan garantizar la protección de los derechos e intereses colectivos amenazados y vulnerados ante los riesgos que representaría el estado de la carretera que conduce de Líbano a los corregimientos Santa Teresa, San Fernando y San Jorge. 

En la diligencia acaecida el pasado viernes, el Tribunal reseñó que previo a continuar con el trámite procesal era necesario llevar a cabo una serie de vinculaciones teniendo en cuenta la situación que tiene lugar debido al nivel naranja de actividad del Volcán Nevado del Ruiz. 

Así pues, y como consta en el acta de la audiencia, se trajo a colación al presidente Gustavo Petro, pues se hace alusión a un asunto de relevancia nacional, toda vez que las vías en cuestión harían parte de las rutas de evacuación ante una posible contingencia del volcán.

Precisamente al considerar la probabilidad de que los carreteables referenciados pueden llegar a colindar con el Parque Nacional Natural de los Nevados, se relacionaron al Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible y la Unidad Administrativa Especial de Parques Nacional Natural Los Nevados de Colombia.

Cabe decir que de la lista también hacen parte el Ministerio de Minas y Energía, Servicio Geológico Colombiano, la Corporación Autónoma Regional y el Congreso de la República. 

Aunado a ello, las poblaciones y alcaldes de Murillo, Santa Isabel, Villahermosa, Herveo y Casabianca, dado que se encuentran dentro del área de influencia del volcán.

En ese orden de ideas, el Tribunal ordenó como medida cautelar que el presidente “realice las actuaciones necesarias para que en el término de un mes a partir de la realización de la diligencia y de forma simultánea con el término para contestar la demanda que accionó el presente medio de control, determine un plan conjunto integral e integrado, así como una política pública para hacerle frente a una eventual erupción del Volcán Nevado del Ruiz, teniendo en cuenta las rutas de evacuación que usarían los habitantes de los municipios del Tolima que fueron previamente referenciados en el determinado momento, donde no solo transitarían seres humanos, sino también, semovientes y bienes muebles”.

¿Qué significa tal medida?

Por su parte, Zuluaga Rubio se mostró agradecido con el Tribunal debido a que este fue consciente de las realidades que sufre el campesinado y que se han dado durante décadas, por lo que calificó como acertada la medida cautelar y vio con buenos ojos la vinculación de otras entidades en el tema.

Asimismo, mencionó que posterior a tales acciones “viene la programación o reanudación de la audiencia de pacto, pues la del 5 de mayo fue suspendida mientras que se vinculan las nuevas personas para darles el tiempo que contesten y empiecen avanzar en el cumplimiento de la medida cautelar”.

Y añadió: “después de reanudar, pueden pasar dos cosas. La primera, que se llegue con un acuerdo de cumplimiento por parte de las entidades demandadas, como puede que no. Lo más seguro y lo que nos ha dado de experiencia la vida, es que la gran mayoría de entidades públicas se niegan rotundamente a llevar pactos para estas audiencias, por lo tanto, al negarse sigue el proceso normal y es que después de esto se celebre una audiencia donde se evalúan las pruebas aportadas por las partes y el Tribunal pueda  avanzar con el proceso y emitir sentencia donde puede desvincular, sancionar o extender beneficios”.

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