Solicitudes de celeridad y resultados ante el hurto de más de $10 mil millones a las cuentas bancarias de la Administración municipal, cuestionamientos con relación al Programa de Alimentación Escolar, PAE, el estado de la infraestructura educativa y los acueductos veredales, salieron a flote en medio de la audiencia pública liderada por la Secretaría de Transparencia del Gobierno nacional que se adelantó recientemente en Purificación.

Andrés Idárraga Franco, jefe de tal dependencia, aseguró que ante lo descrito por la comunidad, el Contralor General de la República delegó una agencia especial con el ánimo de verificar el uso de los recursos dispuestos por la Alcaldía municipal para el PAE y el transporte escolar.

HÉLMER PARRA / EL NUEVO DÍA Andrés Idárraga Franco, secretario de Transparencia.

Asimismo, y dado que el alcalde Christian Andrés Barragán Correcha, al parecer, no ha presentado su declaración de renta durante los últimos tres años, aseveró que, por parte de la Procuraduría General de la Nación, se emprendería la investigación correspondiente.

Aunado a ello, conoció de primera mano documentos, particularmente escrituras públicas, relacionadas con dos bienes, siendo uno de ellos donde el mandatario aparece en condición de comprador. Según contó, ninguno de estos bienes ha sido reportado en instrumentos públicos.

En ese sentido, requirió al burgomaestre que “ponga en orden sus cuentas, (para) que sepa claramente la ciudadanía qué bienes tiene y qué no tiene, porque lleva tres años sin reportar esa obligación y se suma al hurto de los $11 mil millones y eso genera un muy mal ambiente en el municipio”.

En cuanto al denominado robo navideño en ‘Puri’, acaecido el 24 y 27 de diciembre de 2021, Idárraga recordó que, si bien los entes de control deben garantizar el debido proceso, también los invitó a cumplir con la debida diligencia, toda vez que, en su concepto, “la gente no puede seguir esperando años y años en que transcurra una investigación”.

Así pues, hizo hincapié en que el “Gobierno nacional está jugado por acabar con la impunidad, esperamos y confiamos en que los organismos de control, en particular la Fiscalía, hagan lo suyo y puedan entregarle un mensaje de confianza a la ciudadanía, y digan que en Colombia hay justicia. Esa sensación de injusticia debe acabar”.

Y subrayó, respecto a la Secretaría que lidera, que la misma “articula a nivel nacional la lucha contra la corrupción a partir de reportes ciudadanos”.

HÉLMER PARRA / EL NUEVO DÍA La mesa principal estuvo conformada por concejales, miembros de los entes de control y el Secretario de Transparencia.

¿Y los resultados para cuándo?

Distintas ‘ías’ integraron la mesa principal y rindieron cuentas de las acciones que se adelantan actualmente conforme con sus capacidades, sin embargo, la comunidad se mostró inconforme, pues esperaba conocer resultados y decisiones que permitieran despejar de una vez por todas la inquietud de dónde están los $10.987.123.589.

Por su parte, una delegada de la Contraloría General de la República, recordó que el año anterior se aperturó un proceso por el caso, reiteró que hay una reserva atendiendo al debido proceso y, aseveró que el contralor General Carlos Hernán Rodríguez Becerra, ha estado pendiente del tema.

“Desde el marco de las actuaciones se ha desarrollado todo un escenario probatorio para que se pueda dar con responsabilidades en materia de quienes manejan el erario y se pueda determinar la incidencia fiscal y la existencia de la misma”, comentó la funcionaria en medio de su intervención.  

Cuando el ‘turno’ fue para la Procuraduría General de la Nación, su representante indicó que se ha priorizado y avanzado en el caso, “este proceso va por buen camino y con unos avances significativos en el ámbito disciplinario”, mencionó.

Asimismo, rememoró que tanto al Alcalde como al tesorero municipal Isaías González, se les formuló cargos. Cabe decir que en un oficio emitido por parte de la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales, se indica que ambos funcionarios, con su comportamiento, presuntamente habrían incurrido en una falta gravísima.

Y es que tras la revisión del material concerniente al caso, el despacho consideró que tanto Barragán Correcha como González habrían cometido falta disciplinaria producto de una conducta omisiva.

En cuanto al burgomaestre, en el apartado de concepto de violación de normas se señala que, dado el contexto, este “pudo haber dado lugar a que por incumplimiento de las funciones propias del cargo, y en su condición de jefe de la administración local se hurtaran dineros públicos”, por el orden de $10.987.123.589 de nueve cuentas, entre ahorro y corriente, de la entidad financiera Bancolombia.

Durante ese proceso, que se desarrolló mediante la Sucursal Virtual Empresa SVE, conforme a la Dirección, se empleó información y claves de manejo de carácter personal e intransferible, los cuales estaban bajo la responsabilidad del Alcalde.

Cabe mencionar que en torno a las transacciones, Bancolombia indicó que estas no fueron detectadas como irregulares, toda vez que habrían cumplido con el esquema de seguridad de Control Dual, donde para cualquier movimiento es necesario de los usuarios ‘Preparador’ (Tesorero) y ‘Aprobador’ (Alcalde).

Entretanto, de parte de la Fiscalía General de la Nación asistió José Parra, quien dijo desempeñarse como fiscal 29 seccional de Purificación, comentó que ante el hecho existe un caso que se encuentra en manos de la Fiscalía Segunda Especializada de Ibagué.

Según reseñó, “el proceso está en marcha y se encuentra dentro de esos parámetros de priorización con el fin de dar oportunamente resultados a toda la comunidad e interesados en este tema tan grave”.

“Acá estamos los valientes”

En términos de confianza, cuestión que a su modo de ver, hace falta trabajo por parte de los entes de control, se pronunció Edgar Bocanegra, quien además se preguntó “cuánto tiempo más vamos a esperar” para obtener respuestas. “Cuando la justicia se corrompe como en ‘Puri’, como pasa en Colombia, los corruptos hacen fiesta”, apostilló.

En esa misma línea habló la concejal Paola Rayo, quien comentó que durante muchos años el municipio ha sido víctima de la corrupción, toda vez que hay personas, según dijo, le han dado un manejo inadecuado a los recursos, tanto de la Nación como propios. 

De acuerdo con ella, la población carece en materia de vías, educación y agua potable. A su vez, aseguró que estos espacios deben desarrollarse más seguido, igualmente reveló que “quiero que si mi vida o la de mi familia se ve en riesgo, ya saben por dónde va la situación”, refiriéndose a su ejercicio ante el caso en cuestión.

A su turno, Miguel Rivera, concejal que tras el suceso declarado de impacto nacional por la Contraloría General de la República ha estado requiriendo acciones a las autoridades, señaló en medio de su participación que resulta, en su concepto, vergonzoso para la justicia que hoy día quienes están relacionados en procesos continúen administrando los recursos de la población.

HÉLMER PARRA / EL NUEVO DÍA Miguel Rivera, concejal.

“Acá estamos los valientes, (a) los cobardes y los bandidos les cambia la vida de la noche a la mañana, un día son pobres y al otro día millonarios, y acá lo sabemos, todos nos damos cuenta lo que está pasando en Purificación”, contó el cabildante.

Y añadió: “Un municipio al que muchos alcaldes añorarían administrar, pero se ha convertido en un municipio al que todos quieren robar”.

Además, se mostró preocupado por el manejo de los recursos correspondientes a regalías, a su vez advirtió sobre lo que a su juicio son adiciones indiscriminadas en diferentes obras y cuestionó la inversión que se efectúa en materia de educación.

Otro cabildante, Alfonso Bocanegra, acotó que “la gente no viene es por miedo, los administradores desconocen el estatuto de oposición, no les gusta que hagamos denuncias de todo lo que sucede en el municipio”.

Entretanto, José Guerra consultó a los entes de control con respecto a por qué no han separado del cargo a los funcionarios en cuestión. También cuestionó que si bien dicen tener los “ojos en el pueblo, creería que son ojos ‘ciegos’”.

Para no pasar por alto

Frente al hurto de las cuentas bancarias de la Alcaldía municipal y el coletazo que trajo consigo, algunos líderes expresaron su preocupación. Entre ellos, un ciudadano quien dijo asistir en representación de las veredas de la margen izquierda del río Magdalena.

En su concepto, la comunidad resultó perjudicada, pues parte de estos recursos habrían podido ser destinados para brindar atención a los acueductos veredales de sectores como Madroño, Cerritos, Peñones Altos y Las Damas.

Sin embargo, ante el robo que algunos consideran histórico, tales inversiones en pro de agua potable no se lograron ejecutar. “Nos damos cuenta que sí estaba la plata, nos preguntamos los líderes, por qué dejó (el alcalde) acumular ese rubro tanto tiempo”, dijo el hombre, quien pidió a los entes de control “que por favor se llegue hasta el fondo del asunto”.

Y es que para comprender el malestar del ciudadano hay que tener en cuenta la información que contiene un informe de fiscalización de la Contraloría del Tolima y que, cabe decir, EL NUEVO DÍA conoció en 2022.

Tras las respuestas de las partes involucradas, en el documento se estableció que se afectaron las cuentas Corrientes, particularmente de sobretasa a la gasolina ($521 millones) y Fondo de seguridad ($375 millones 600 mil) que corresponden a recursos propios.

Mientras que para las de Ahorro se habló en torno a estratificación socioeconómica ($25 millones), Desahorro Fonpet nómina de pensionados ($355 millones 621 mil), Desahorro Fonpet propósito general ($4 mil 113 millones 442 mil), crédito de entidad bancaria para compra de maquinaria ($3 mil 778 millones 665 mil).

Igualmente, la de alimentación escolar ($1.660 millones), impuesto de transporte de oleoducto ($14 millones) y Gestión del Riesgo y Desastres ($142 millones 956 mil).

Así pues, un líder proveniente de la vereda Lozanía, dio a conocer la necesidad de intervenir las vías del sector, pues según relató, algunos menores que se trasladan en motocicleta hacia los planteles ya han sufrido accidentes por cuenta del deterioro de la vía.

“En Lozanía, para salir en la moto son 7 km hasta Valencia, están saliendo niños, de a tres, en moto, para recibir clases, ha habido accidentes porque la salida está precaria”, señaló. También puso sobre la mesa que urge contar con un puente con el ánimo de facilitar la movilidad de los habitantes.

“Nosotros como campesinos siempre hemos sido muy abandonados por los gobiernos del municipio, parece que no correspondiéramos a Purificación”, apostilló.

A estos llamados se sumó el efectuado por Maritza Vásquez, lideresa que centró su intervención en la situación que aqueja a la comunidad educativa por cuenta de los $1.660 millones que fueron afectados y que estaban destinados para la alimentación escolar.

La mujer, quien también se desempeña como presidenta del Consejo de Padres de Familia de la I.E. Pérez y Aldana, requirió poner bajo la lupa las acciones realizadas por la Administración municipal en lo concerniente al PAE y al transporte escolar.

Asimismo, indicó que exigen personal para la vigilancia y aseo de los planteles, pues “es triste que en el municipio los niños deban hacer aseo y padres paguen para el aseo y que los ladrones se nos metan y lo poco que hay en los colegios se lo roben”.

De la misma manera, un representante estudiantil, enlistó las dificultades que se registran en diferentes sedes en materia de infraestructura y contó que son “varias las alcaldías que han pasado y dicen que van a construir la segunda parte (del colegio Pérez y Aldana) y hasta el momento no se ha hecho nada, nos toca hacer eventos culturales a la intemperie”. 

Aportes de la comunidad

Entre los documentos entregados al Secretario de Transparencia estuvo una escritura pública con fecha de 11 de marzo de 2022, cerca de tres meses después del hurto cibernético, que hace alusión a una compraventa de una casa lote por un monto de $72 millones y donde el Alcalde de ‘Puri’ aparece como uno de los compradores.

De acuerdo con el oficio, que ya está en el radar tras las denuncias realizadas por la comunidad debido a que según ellos, al parecer, no ha sido registrado en instrumentos públicos, se trata de una extensión de 556 metros cuadrados localizada en el área urbana de Purificación.

Cabe mencionar que esta redacción intentó establecer comunicación con el mandatario  Christian Barragán con la intención de conocer su concepto frente a estos documentos y lo correspondiente al tema de declaración de renta, pero al cierre de esta edición no se obtuvo respuesta.

HÉLMER PARRA / EL NUEVO DÍA La ciudadanía usó carteleras para mostrar su sentir.

El Alcalde no asistió a la audiencia

De acuerdo con Andrés Idárraga, secretario de Transparencia, el mandatario argumentó que no hizo parte de la jornada, pues “tenía la agenda ocupada, envió unas explicaciones que creo se las debe dar a la gente, no al Secretario de Transparencia. Esta audiencia es una audiencia ciudadana, donde el centro es la gente, son las víctimas de la corrupción y es poco transparente que no haya asistido”.

Al respecto, también se pronunció el veedor Juan Guillermo Hernández Lombo, quien consideró que el burgomaestre “se equivoca si se sigue escondiendo, creo que debe salir, dar la cara y explicarle a los purificenses, era una escenario con todas las garantías para entablar en un diálogo sobre los recursos”.

Incluso manifestó que “son reiterados los llamados que se me hacen a que deje las cosas en el estado en el que se encuentran y que sean los organismos de control los que avancen, advertía como anoche (el martes) al llegar al municipio y al tratar de organizar detalles de la audiencia nos vimos confinados a persecuciones en motocicletas que permanentemente hacían rondas donde estábamos dialogando con la gente, tratando de invitarla, insistirle que no tuviera miedo de asistir”.

En ese orden de ideas, advirtió que la población podría estar al borde de la Ley 550, toda vez que el estudio de sus finanzas, en su concepto, es crítico. Aunado a ello, expresó que el próximo mandatario deberá asumir un complejo panorama.

Según las  investigaciones, los dineros terminaron siendo retirados por medio de sucursales de la entidad bancaria, cajeros electrónicos, corresponsales bancarios, compras desde cuentas de ahorro y transferencias.

Dato: En Ibagué también se plantea llevar a cabo una Audiencia Pública por parte de la Secretaría de Transparencia por el caso de los escenarios deportivos.

"Hablé con un vicepresidente de Bancolombia informándole la situación para que ayuden a esclarecer si efectivamente fue un hackeo", Andrés Idárraga,  secretario de Transparencia.

El Secretario de Transparencia mencionó que se plantea desarrollar junto al Alcalde, organismos de control, JAC, una visita por las obras que se adelantan en junio.

HÉLMER PARRA / EL NUEVO DÍA

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