Recientemente se dio a conocer que el Juzgado Décimo Administrativo del Circuito Judicial de Ibagué aprobó el pacto de cumplimiento propuesto por la Procuraduría General de la Nación con el ánimo de garantizar el suministro de agua potable de manera permanente, eficiente y con oportunidad, en beneficio de los usuarios de la Empresa de Servicios Públicos de Chaparral, Empochaparral.

Cabe señalar que tras la acción popular instaurada por el ente de control, las partes acordaron adelantar un proceso contractual con el objeto de suministrar paneles solares para el sistema de bombeo de la ESP.

Esto con el propósito de cumplir con la distribución de agua potable sin interrupción a los habitantes de la zona urbana del municipio, a quienes según reseñó la Procuraduría, se les presta el servicio domiciliario de acueducto de manera sectorizada cada dos días.

Conforme con la información del comunicado, otro de los compromisos consiste en presentar el proyecto de la bocatoma alterna del río San Jorge ante el Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. 

ARCHIVO / EL NUEVO DÍA

Por su parte, el municipio asumió la radicación de los documentos necesarios para avanzar en el trámite administrativo, con el fin de vincular a Chaparral al Plan Departamental de Agua. 

Asimismo, en la audiencia de cumplimiento se pactó incluir dentro del presupuesto para la vigencia de 2024, la suma de $100 millones de pesos para cambiar la distribución de la red que surte de agua potable a los suscriptores.

En ese sentido, se conformó un comité para la verificación del cumplimiento del fallo, con la participación del demandante, las entidades demandadas y demás autoridades.

Aunado a ello, el Ministerio Público hizo hincapié en que esta actuación busca, entre otros, proteger el derecho colectivo a contar con una infraestructura de acueducto que garantice la salubridad a los cerca de 46.200 habitantes de Chaparral.

Por último, recordó que esta actuación no implica coadministración ni injerencia en las decisiones administrativas, financieras, técnicas o jurídicas de las entidades estatales o de los particulares que ejercen funciones públicas, y reiteró que su actuar está dirigido a mitigar el riesgo de afectación de los derechos reclamados por los accionantes.

Dato

Esta redacción intentó establecer comunicación con la Gerente de Empochaparral con el ánimo de ahondar en la situación, pero al cierre de esta edición no se obtuvo respuesta.

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