El alcalde municipal de Piedras, Julio César Góngora Sánchez, y el jefe de la Oficina de Servicios Públicos, Óscar Eduardo Urueña, deberán responder ante la Procuraduría General de la Nación por presunto desacato de las medidas cautelares decretadas por el Tribunal Administrativo del departamento, dentro de una acción popular relacionada con las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR). 

Con el propósito de amparar los derechos colectivos de los habitantes de cinco veredas del municipio, El Tribunal Administrativo del Tolima ordenó una sentencia estipulada por un término de seis meses, en los cuales, tanto la Alcaldía de Piedras, como la Corporación Autónoma Regional del Tolima (Cortolima), deberán tramitar la obtención de los permisos correspondientes para llevar a cabo las obras de mantenimiento.

Asimismo, con el fin de evitar el vertimiento de aguas residuales a los cuerpos de líquido vital sin previo tratamiento, en el fallo también se requirió la adopción inmediata de acciones de control y vigilancia, entre ellas, la construcción de nuevas plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR) y pozo séptico en las veredas Chicalá, La Ceiba, Chípalo y Guataquisito, así como en Villa Tamal y Coburgos.

Según en documento, la Procuraduría Provincial de Ibagué oficiará al Tribunal Administrativo del Tolima para que aporte copia del auto a través del cual se decretaron las medidas cautelares al municipio, y al mismo tiempo solicitará testimonios y otras pruebas documentales en busca de esclarecer los hechos objeto de investigación.

Igualmente, solicitará a Cortolima la documentación relacionada con la obtención de los permisos de vertimiento de aguas residuales de las referidas (PTAR), así como de las respuestas, observaciones, trámites y actos administrativos originados en aquellos, y emitidos por parte de esta corporación.

Para el Ministerio Público resulta injustificada la supuesta falta de atención de la administración municipal, en cabeza de los disciplinables, quienes habrían omitido desplegar acciones tendientes a superar las dificultades surgidas por el vertimiento de las aguas, situación que inició desde el periodo 2016-2019 con el exalcalde Pedro Antonio Bocanegra Zabala, y hasta el día de hoy no se ha superado.

Por último, los sujetos procesales podrán presentar su versión acerca de los hechos objeto de investigación y/o solicitar o aportar las pruebas que consideren pertinentes para su defensa.

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