Los hechos que se han tornado violentos, relacionados con los comicios del pasado 29 de octubre en Colombia, siguen presentándose y generando tensiones en los escrutinios en diferentes zonas del país, de acuerdo con un nuevo reporte del Observatorio de Conflictividad Social de la Defensoría del Pueblo, que registró 127 eventos de disturbios y protestas.

“De dichos eventos, 106 ocurrieron luego de cerrada la jornada electoral, un 83% del total de lo evidenciado en el seguimiento que hemos venido haciendo. Es una situación a la que se le debe poner freno cuanto antes”, señaló el Defensor del Pueblo.

Vale destacar que la mediación defensorial, a través de la Delegada para la Prevención y la Transformación de la Conflictividad Social y los Defensores Regionales de la entidad, ha logrado evitar la ocurrencia de disturbios y asonadas en Antioquia, Amazonas, Chocó, Urabá, Risaralda, sur de Córdoba, sur de Bolívar, Caquetá, Tolima, Santander, Bajo Cauca antioqueño, Tumaco, Sucre, Nariño, Meta, Guaviare, entre otros lugares.

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“Confiamos en que las autoridades y entidades competentes garanticen la seguridad en los territorios donde se han presentado alteraciones del orden público después de los resultados electorales del certamen democrático al que, el fin de semana que pasó, acudieron millones de colombianos. También, en aquellos municipios que advertimos en nuestro informe sobre riesgos de protestas, disturbios y asonadas, días antes de las elecciones. La integridad, vida y tranquilidad de los habitantes en los territorios deben ser garantizadas”, indicó el Defensor del Pueblo.

Cauca (con el 9%), Bolívar (8%), Córdoba (8%), Santander (8%) y Chocó (7%) fueron los cinco departamentos donde ocurrió el mayor número de hechos de conflictividad social. Les siguieron Tolima (7%), La Guajira (6%) y Norte de Santander (6%).   

Las principales motivaciones de los manifestantes, dice el informe de la Defensoría del Pueblo, siguen siendo el desconocimiento de resultados electorales, con un 47%, y presuntas irregularidades electorales, con un 26%.

“Lo ocurrido, por ejemplo, en el municipio nortesantandereano de San Calixto, donde fueron incendiadas la Alcaldía, la Casa de la Cultura y la Registraduría, no puede continuar sucediendo. Por eso, reitero a la ciudadanía una vez más, deben acudir a las instancias y entidades competentes para tramitar las denuncias o quejas por presuntos delitos electorales. Evite el uso de la violencia y las vías de hecho, así no se exige la garantía de los derechos”, dijo Carlos Camargo Assis.

El Defensor del Pueblo dejó claro que la institución nacional de derechos humanos continúa acompañando a las poblaciones en el escenario poselectoral, como también, pese al actual panorama, valora los esfuerzos de las entidades competentes y de las fuerzas del orden del Estado realizados en el previo, durante y después de los comicios.

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