Ibagué, capital Andina de los Derechos Humanos, es “un canto a la bandera”

ARCHIVO - EL NUEVO DÍA
El pasado 27 de mayo se cumplió una década de la declaratoria que postuló a Ibagué como símbolo del respeto de las libertades fudamentales. Voceros políticos afirman que las acciones son imperceptibles por parte de la Alcaldía.

El título que ostenta Ibagué como sede nacional e internacional de los derechos humanos ha quedado en el papel, tal como lo han reconocido algunos sectores políticos, organismos de control y voceros del Parlamento Andino.

El secretario General del organismo de integración de las naciones, Eduardo Chiliquinga, reconoció las pocas acciones que se han gestado durante estos 10 años en la proyección de la capital como instancia del respeto y salvaguarda de las libertades fundamentales de los ciudadanos.

Chiliquinga, quien visitó el pasado martes esta capital, reconoció que abanderar nuevamente la agenda con el alcalde Luis H. Rodríguez y el gobernador del Tolima, Luis Carlos Delgado Peñón, requiere de voluntad política que existe, pero que hay que conservar.

“Concretamente en estos 10 años, no ha pasado de una declaratoria y por eso es que mi administración, que empezó hace tres meses, está empeñada en que tengamos una propuesta definida con hechos que permitan visualizar la voluntad de mantener y acrecentar esta categoría de capital de los derechos humanos”, explicó el vocero internacional.

Pero para el procurador Regional, Luciano Rafael Ramírez Mesa, no es muy clara la agenda que se ha venido proponiendo y por esto considera que el título que ostenta la ciudad es un canto a la bandera.

“Ese privilegio de que declararan a Ibagué como Capital de los Derechos Humanos quedó ahí como un saludo a la bandera”, dijo el vocero del Ministerio Público.

Para el concejal Camilo Delgado, la preocupación que deben tener los ibaguereños está en que el título de Ciudad Andina de los Derechos Humanos quede igual que el de Capital Musical de Colombia, cuando han sido mínimos los resultados en materia de protección a los niños y niñas y demás población vulnerable.

“Las inversiones que se han ejecutado en materia de prevención de los flagelos que afectan los derechos de los niños y niñas, de la población de condición de vulnerabilidad, no ha tenido un impacto lo suficientemente visible para que genere esa tranquilidad de que esa denominación sea una realidad; aún tenemos problemas para encuadrar y articular los procesos de reinserción social que desde las diferentes agencias de reintegración nacional están actuando en el municipio”, acotó.

Delgado recordó que el primer lugar que ocupó Ibagué en trabajo infantil, la problemática de las personas que duermen en la calle y la población indígena “es un fiel reflejo de qué tanto hemos avanzado en materia de derechos”, puntualizó.

Una de las propuestas en las que concluye el cabildante radica en que la Alcaldía de Ibagué debe fomentar una política más agresiva en materia de protección de derechos y de inversión social que sea establecida en el presupuesto para 2015.

Es de reciordar que Ibagué fue escogida como Capital Andina de los Derechos Humanos, debido a su ubicación geográfica y la connotación histórica que tiene el origen del conflicto armado en el Tolima.

Ibagué, una ciudad sin sede para los DD.HH.

 El autor de la iniciativa, Fredy Camacho, logró en su calidad de personero de Ibagué que el Panóptico, antigua cárcel, fuese devuelta al Municipio para que una vez restaurado se concibiera como el Museo de los Derechos Humanos. En 2000, el Gobierno nacional, a través del Ministerio de Cultura, giró cuatro mil 500 millones de pesos para las obras de restauración y los estudios. Los trabajos tenían 12 meses de plazo para su ejecución. Después de ser adicionado el contrato y suspendido, 14 años después, los ibaguereños aún esperan el museo.

‘El elefante blanco’, como se le ha denominado a esta obra de ingeniería, aún permanece en el abandono y lo que se avizora es que la Alcaldía de Ibagué entregue la ejecución de los trabajos de la parte nueva en la segunda semana de agosto. El plazo de ejecución es de cuatro meses.

Con respecto al tema, el secretario General del Parlamento Andino, Eduardo Chiliquinga, quien reconoció que aunque es un tema que le compete a las administraciones locales, indicó que la presión de la ciudadanía puede lograr establecer los consensos necesarios para reiterar una cultura de paz y determinar elementos icónicos que determinen un momento antes y después del conflicto. 

Credito
EL NUEVO DÍA

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