El plantón denominado ‘Juicio ético’ pretende ser una manifestación simbólica, prevista para efectuarse desde la 1:30 p.m. en el parque principal de Cajamarca, actividad que es promovida por el Comité Ambiental y Campesino de Cajamarca y Anaime.
La protesta surgió de las reacciones que ha generado en los cajamarcunos la decisión del Concejo municipal, al afirmar que dicha corporación no tiene la potestad de decidir si se lleva a cabo o no la consulta popular sobre temas mineros.
Según declaran los organizadores, se leerá un documento en el que rechaza la decisión tomada por el Concejo, socializando que serán castigados los cabildantes dándoseles muerte política al no votar por ellos en próximas elecciones, ya que supuestamente no representan los intereses de la comunidad que los eligió.
“En Cajamarca casi todo el mundo está indignado con los concejales por la decisión que tomaron”, aseguró Julio Roberto Vargas, miembro del comité.
Al parecer, la indignación se incrementó al conocerse de una carta que emitió la corporación durante esta semana, en la que trata de explicar las razones de su decisión, y que reza lo siguiente:
“Invitamos a las personas que en los medios han venido tratándonos en forma grosera, irrespetuosa, injuriosa, calumniosa y con amenazas terroríficas a la integridad física y moral de los miembros de esta corporación, para que si consideran de su parte que nuestra decisión les afecta, denuncien ante las entidades del caso, o por el contrario y como ya iniciamos denuncias de nuestra parte ante la Fiscalía General de la Nación, para que proporcionalmente la justicia determine a sabidas cuentas quién tiene la razón”, en la parte final del documento figuran los nombres de los 10 concejales que dieron el voto negativo.
La comunidad lo tomó como si se tratara de una advertencia, lo cual los motivó aún más para programar el juicio ético, al cual se espera que acudan más de 500 personas, entre cajamarcunos y activistas ambientales de todo el Departamento.
“Creemos que si no nos quieren escuchar en las urnas ni darnos el derecho democrático a elegir, entonces nos manifestaremos pacíficamente en el parque principal”, aseguró Camila Arango, miembro del comité.
La concejal Julia Caro, por su parte, expresó que “la denuncia se hizo por temor a nuestra integridad, ya que en las intervenciones la gente lo amenaza a uno, lo cual fue puesto en conocimiento de las autoridades, y son la Fiscalía y las entidades correspondientes las que analizan la situación, por eso los diez cabildantes en conjunto realizamos la queja”.
Los manifestantes esperan aprovechar la visita de miembros del Gobierno nacional que estarán presentes en el Concejo desde las 9 de la mañana para abordar principalmente el tema de la doble calzada: se espera la presencia del Ministerio de Agricultura, al igual que el de Transporte, miembros de Invías y representantes del grupo AP GICA, que es la constructora para el proyecto vial.
Es así que la comunidad espera que su inconformismo trascienda lo local y el Gobierno nacional no desconozca la petición que hacen los ambientalistas.
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