A una semana de iniciar clases en el Tolima, la preocupación por la deserción escolar en San Antonio tiene expectantes a los docentes de esta localidad, ya que por falta del transporte escolar el número de estudiantes que dejan de asistir al aula de clases es muy significativo.

Según declaraciones del mandatario local, José Dayler Lasso Mosquera, el año anterior se llegó a una cifra de casi 300 niños y adolescentes que abandonaron sus estudios, cifra que para él golpeó notablemente la calidad educativa del municipio.

Aseguró además que las transferencias que hace el Gobierno nacional no alcanzan para el desarrollo completo de la contratación del transporte escolar y demás actividades necesarias para la calidad en las clases de los sanantonianos.

Lasso Mosquera dijo que aunque todas las sedes educativas están en el proceso de matrícula, para este año como siempre la gran dificultad es en el recorte de los recursos por la deserción escolar.

Sin recursos

El año anterior San Antonio tuvo un recorte aproximado de 170 millones de pesos en las transferencias por calidad educativa, y con los recursos de la Gobernación no se pudo concretar el transporte escolar.

Ahora, el alcalde ve como idea que esta contratación se haga con recursos propios, “estamos mirando a ver si jurídicamente con recursos propios podemos hacerlo en el primer semestre, y lo importante es que estamos ya revisando si se puede hacer, para mejorar la cobertura educativa”, contó.

Y agregó: “Por eso nosotros siempre hemos insistido en esa normatividad que tiene el Gobierno nacional con los municipios de cordillera donde establecen diferentes criterios para contratar el transporte escolar. Nunca los alcaldes podemos hacerlo, porque nos metemos en problemas y los entes de control sí están encima para mirar en qué momento cometemos un error.”

En San Antonio según las declaraciones de José Dayler, ni siquiera con el dinero que transfiere el Gobierno se alcanza a cubrir la totalidad para el primer semestre del año, y explicó adicionalmente que con la experiencia del convenio que se firmó en 2017 con la Gobernación, los alcaldes estarían condenados a no firmar ese tipo de documentos.

Propuesta

Varios burgomaestres del departamento le han propuesto al mandatario seccional, Óscar Barreto, que se haga una declaración conjunto de todos los alcaldes y él que sirva como protesta, para que el Gobierno nacional mire los municipios de cordillera y efectúen una regulación para poder prestar el transporte escolar en óptimas condiciones.

Aunque esta socialización ya la han hecho, el alcalde de San Antonio explicó que ahora en enero se espera concretar esa posible manifestación de los mandatarios tolimenses.

Estudiantes afectados

El beneficio del transporte escolar en San Antonio es para 800 niños y adolescentes que se tienen que movilizar en la zona rural y otros que lo deben hacer de la rural a la urbana; algunos cerca tres horas para poder llegar al destino de donde reciben las clases.

Esta situación de no prestar este servicio de movilidad ha conllevado a que los padres de familia y acudientes prefieran no enviar a sus hijos al plantel educativo y que ayuden con sus obligaciones en el campo.

Cifra

210 millones de pesos vale aproximadamente la inversión, únicamente para el transporte escolar del primer semestre en San Antonio.