Según el ente de control en la actualidad las casas no están terminadas y no cuentan con condiciones de habitabilidad.

Asimismo, encontró debilidades en las etapas de planeación y ejecución de la segunda etapa del proyecto denominado Ciudadela Policial Cenop, lo que ocasionó la desfinanciación de la obra y el abandono de la misma, por no existir recursos para concluirla.

Las viviendas inconclusas estaban destinadas a familiares de los Comandos Junglas, encargados de operaciones contra el narcotráfico y el crimen organizado.

Parte del posible detrimento patrimonial encontrado en este caso corresponde a una inversión de $5 mil 132 millones a lo que se le suma la interventoría que asciende a los $231 millones.

Los contratos de obra y de interventoría fueron suscritos en diciembre de 2012, el primero con la firma Socar Ingeniería Ltda y el segundo con la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.

Un hecho llamativo para la Contraloría es que para la construcción de las 51 casas se dio un plazo de ejecución de apenas tres días, por cuanto el acta de inicio es del 27 de diciembre 2012 y el plazo de ejecución del contrato era hasta el 31 de diciembre de 2012, deficiencia de planeación que llevó a realizar cuatro prórrogas.

Antecedentes

La Contraloría Delegada para el Sector Defensa y Seguridad adelantó la Actuación Especial de control fiscal sobre los recursos invertidos por el Fondo Rotatorio de la Policía, para la construcción del proyecto habitacional en San Luis.

Fue así como efectuó una revisión desde el punto de vista técnico, jurídico y financiero a los contratos celebrados desde el momento de su planeación, es decir, en las vigencias 2010 y 2011 y de ejecución entre el 2011 y 2015 hasta la fecha, concluyendo que existió un daño fiscal en la fase II superior a los $5 mil millones.

Para el proyecto, la Policía Nacional y el Fondo Rotatorio de la Policía, Forpo, gestionaron y destinaron $7 mil millones dinero que se distribuyó en $6 mil 697 millones para obra y $302 millones para interventoría.

Para lo anterior se celebraron en el mes de diciembre de 2012 dos contratos: el de obra con la firma Socar Ingeniería Ltda y el de interventoría con la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, respectivamente.

Luego se hicieron cuatro prórrogas: La primera el 31 de diciembre de 2012 al 30 de junio de 2013, la siguiente el 28 de junio de 2013 hasta 28 de octubre de ese mismo año, asimismo, desde el 31 de diciembre de 2013 hasta el 30 de mayo de 2014 y finalmente del 30 de mayo de 2014 hasta el 28 de agosto de 2014.

Según la Contraloría no existe relación entre las prórrogas otorgadas, la forma de pago pactada y los recursos presupuestales apropiados, lo que condujo a que la Reserva Presupuestal expirara, quedando desfinanciada la obra.