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Gracias al filósofo francés Foucault, a quien le debemos las investigaciones sobre muchas instituciones de la justicia, como la prisión, sabemos que el sistema penal, por sí solo, difícilmente combate la criminalidad, y en cambio, la administra, la distribuye, la utiliza, traza límites de tolerancia para que algunos se aprovechen: significa que se resaltan sólo algunos delitos para ocultar otros, envalentona a la opinión pública contra los delitos callejeros para dejar en la impunidad a los de los privilegiados, etc. Por ejemplo se habla mucho de los drogadictos o de las mulas del narcotráfico y de los cultivos ilícitos para hacerle sombra al lavado de activos o a la financiación de las campañas políticas con los dineros sucios que las financian.
Recordemos cómo el primer Ministro de Defensa del actual gobierno simplificaba la grave crisis de orden público en el Vichada en 2019 afirmando, sustituyendo jueces, que se reducía a robo de ropa extendida en cuerdas para su secado; del mismo modo atribuía las protestas sociales en la vía Panamericana a mafias organizadas o concedía militancia política a los muertos, desviando la investigación, y así gratuita y sucesivamente distribuía responsabilidades, hasta cuando enfrentó la moción de censura.
El segundo Ministro de Defensa hace lo mismo, siguiendo las directrices del jefe de Estado, reduciendo el desangre del país en ciertas zonas a simples homicidios, cuando no a ajuste de cuentas, desviando responsabilidades y evadiendo el análisis socio-político de las macabras masacres, anticipándose a establecer su autoría en el narcotráfico, labor tan delicada que corresponde solo a jueces y magistrados. Pero habla del narcotráfico en general, sin explicarnos si en la fase de lavado de activos en las burbujas de la construcción o en la de financiación de escuadrones de matones que sustituyen o colaboran con el Estado, fase en la cual es inofensivo el glifosato. Así se hacía en la época de Pablo Escobar: todo era autoría de este capo, o en la época de recrudecimiento del orden público, no se concebían protestas sociales amparadas por la Constitución; todo era autoría de “la far”. A esta forma de hacer cuentas Foucault la llamó “Economía del delito”.
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