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Ha sido notable la ausencia de una política clara y la falta de criterio de la titular de la cartera. Lejos de introducir correctivos a los males que han afectado todos los niveles e instancias educativas desde tiempo atrás, lo que se advierte ahora es un panorama desalentador.
En el caso de la UN, tras la designación del rector por parte del Consejo Superior Universitario (CSU), la ministra se abstuvo de firmar el acta y la resolución correspondientes mientras se precisaba la ciudad de expedición de la cédula del candidato electo, el profesor Peña. Posteriormente, se intentó invalidar la decisión mediante el nombramiento de un ministro ad hoc, que ordenó al CSU la designación de un rector interino. Ante la falta de pertinencia de esta medida, se optó por recomponer el CSU y escoger al profesor Múnera como rector.
El argumento invocado de la obligación de acatar el resultado de la consulta a los estamentos universitarios, realizada previamente a la sesión del CSU programada para la selección del rector, es contraria al estatuto; establece un pésimo precedente y suplanta el ordenamiento normativo para dar aplicación a la voluntad presidencial. Este hecho, sin duda, tendrá repercusiones en otras instituciones educativas y en la vida nacional.
El anuncio de establecer un “poder constituyente” en la UN, para definir un modelo de gobierno universitario a partir de asambleas multiestamentarias y la elección de rector, decanos de facultad y directores de dependencias mediante voto popular, solo servirá para afianzar mecanismos clientelistas en la universidad.
La fallida tramitación de la ley reglamentaria de la Educación pone en evidencia la falta de definición de un proyecto de Nación. A pesar de los acuerdos políticos alcanzados en el Congreso, con la aquiescencia del gobierno, las objeciones del Magisterio lograron imponerse. Si bien resulta crucial fortalecer las instituciones públicas, no debemos pasar por alto la importancia de la contribución de los establecimientos privados. Una ley estatutaria, más allá de consagrar la Educación como derecho fundamental, debe sentar las bases de un plan de formación integral de alta calidad que responda a las necesidades individuales y a las demandas de la sociedad en su conjunto.
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