¿Quién ordena?

Personalmente me parece una situación absolutamente aterradora, aun cuando el presidente lo considere un “rumor de WhatsApp”. En esos términos se refirió recientemente en una intervención pública que hizo, demeritando la gravedad de la situación. Querer ridiculizar una cuestión tan grave, precisamente ahora que se rumora que el Director Inteligencia, Carlos Ramón González, puede tener alguna participación en actos de corrupción, es absolutamente preocupante. El hecho denunciado tiene tal magnitud, que todos los presidentes de las altas cortes se pronunciaron exigiendo a la fiscalía una atención prioritaria al caso.

El país atraviesa por una situación poco antes vista: vivimos una crisis económica y tributaria inmanejable; el sistema de salud está colapsado; la inseguridad está desatada en todo el territorio nacional; los hechos de corrupción cada día son mayores; la desconexión del gobierno nacional con las regiones no tiene precedentes; en fin, no hay flancos en los que no haya riesgo. Todo porque decidimos creer en cambios inusitados e inmediatos, eligiendo una política simplista que percibimos a diario en videos cortos y atractivos.

A Petro y su gabinete se les escapa el manejo del país entre las manos, pero la culpa han querido cargarla en los demás: los gobiernos anteriores, los mandatarios regionales, y hasta la Rama Judicial. Los ciudadanos no podemos olvidar que, durante las últimas intervenciones públicas que el presidente ha hecho con relación a las decisiones judiciales, se ha atrevido a descalificar la labor de los jueces de la República. Y visto el panorama en perspectiva, tener información reservada acerca de la vida de los magistrados, sólo interesa a quienes están siendo afectados con sus sentencias. Cabe entonces preguntarse: ¿quién está detrás de ello y a quién interesa?