La afirmación que refleja uno de los más grandes problemas que vive nuestro país hoy en día es la hecha por la directora del Icbf, Crsitina Plazas: “Colombia debería estar todos los días de luto, porque no pasan 24 horas sin que al menos 10 menores de edad sean victimas de alguna clase de abuso”. ¿Qué futuro tiene nuestra patria si los niños no están seguros ni en sus mismos hogares?
Tristemente, las cifras entregadas por Medicina Legal y el Icbf muestran que nacer y crecer en Colombia es un peligro para ellos; los abusadores y asesinos están en todos los estratos sociales, en las escuelas, acechando en los barrios, en los parques infantiles, en las casas. No hay sitio en el que no estén.
Tenemos una Constitución política que no se cumple, todos los niños no gozan de su derecho de vivir en un ambiente sano, la legislación es inferior al reto de protegerlos de dichos riesgos.
Esta realidad tiene que cambiar, y hacerlo no va a ser fácil, necesitaremos cambiar muchas cosas, tanto en el sistema de educación y bienestar familiar, como también en el sistema judicial.
Una de las iniciativas que se están promoviendo en Colombia para cambiar esta situación es la propuesta de referendo que permita instaurar en nuestro país la prisión perpetua a los violadores, secuestradores y abusadores de niños. Esta surge porque la máxima pena de 60 años de prisión no es plena.
El referendo se justifica porque tanto el Consejo de Política Criminal, como el Congreso no han apoyado dicha iniciativa, que se ha presentado cuatro veces. Lo triste es que mientras se ha hundido en cuatro oportunidades los proyectos de ley, las violaciones y asesinatos siguen ocurriendo, y como las transformaciones legislativas no se dan, las actuales no persuaden a los monstruos.
Quienes se oponen a esta medida la califican como superficial, costosa e inútil, pero no proponen nada distinto a dejar que las cosas sigan como están.
Casos como el de Sarita en Armero - Guayabal muestran la gran negligencia de muchos funcionarios públicos para quienes no dejan de ser un expediente más, actúan con ligereza y poco compromiso para con los niños. Lo peor es que las responsabilidades no son asumidas por ellos y los órganos que tienen que disciplinarlos no lo hacen. La negligencia demostrada a funcionarios no se debe tolerar, en estos casos debieran ser disciplinados con el retiro del cargo y la inhabilidad para ocupar cargos públicos en el futuro.
Ahora bien, los casos están revelando que en el entorno familiar se esconden muchos de los abusadores y asesinos, situación aberrante que debe frenarse. En el corto plazo es muy probable que de seguir con el actual sistema judicial las cosas cambien muy poco, pero para el futuro, volver a los valores familiares, creando ambientes favorables para los niños y brindando educación y acompañamiento, las cosas pueden cambiar.
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