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Desde los últimos meses del año pasado se empezó a hablar sobre la zona de protección para la producción alimentaria en el norte del departamento integrada por ocho municipios: Falan, Palocabildo, Casabianca, Líbano, Villahermosa, Murillo, Fresno, y Murillo.
Las ZPPA y APPA son una iniciativa del gobierno nacional que responden a la implementación de los acuerdos de paz entre el gobierno Santos y las FARC, se adelanta desde la UPRA y el Ministerio de Agricultura. A la fecha, dicha implementación deja más dudas que respuestas. La crítica más grande es la limitación de la libertad empresarial de los habitantes rurales para decidir cuál actividad económica realizar en su propiedad. Otra crítica es que en medio de una estrategia de planificación central del uso del suelo se podrían adelantar procesos de expropiación administrativa y extinción de dominio por el uso inadecuado de la tierra. Expertos plantean que estas definiciones vulneran la autonomía territorial para definir los usos del suelo, limitan los derechos de propiedad, y promueve la declaratoria express de suelos de protección.
Esta situación preocupa a cientos de productores rurales, campesinos y pobladores del mundo rural de los ocho municipios del Tolima. Recientemente se realizó una convocatoria por parte del Comité de Gremios Económicos del Tolima para conocer sobre el tema, sorprendiendo la masiva presencia de decenas de campesinos provenientes de los municipios mencionados.
Tradicionalmente en los municipios del norte del departamento se adelantan actividades económicas diferentes a las de producción de alimentos. Por ejemplo, en Murillo existe una gran apuesta en el Turismo, en Fresno la producción agroindustrial avicola, o en varios municipios la mineria, por no mencionar el debate existente sobre que el café no es un alimento sino una bebida.
Algunos datos que ilustran la importancia económica de otras actividades diferentes a las de producción agropecuaria para la subregión norte, a la cual pertenecen la mayoría de los ocho municipios, se observa en la distribución de ocupados y del producto interno bruto. La participación de ocupados de las actividades industriales manufactureras y de minas en el total departamental son del 7,04% y el 2,15% respectivamente. Y la participación en el total del PIB de industria manufacturera y Minas son el 4,20% y el 24,36% respectivamente.
No hay duda que el enfoque usado para determinar esta política de producción agrícola desconoce los avances en el enfoque de desarrollo rural. La producción alimentaría es vital pero no se puede desconocer las otras actividades económicas.
Lo que está ocurriendo y por ocurrir debe llamar la atención de las autoridades locales y sectores productivos porque afectará las discusiones y aprobación de los esquemas de ordenamiento territorial en cuanto a las protección y conservación ambiental, afectaciones en desarrollos urbanísticos, y de las vocaciones económicas en detrimento de la productividad y de la economía rural.
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