El pasado martes 4 de febrero, la Casa de Nariño fue el escenario de un Consejo de Ministros liderado por el presidente Gustavo Petro, un evento que se tornó polémico debido a las fuertes discusiones y enfrentamientos entre los miembros del gabinete, transmitidas en vivo por televisión. 

La vicepresidenta, Francia Márquez, expresó su descontento con decisiones gubernamentales como la inclusión de Armando Benedetti, y cuestionó la gestión de la canciller Laura Sarabia, quien previamente había dirigido el Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE).

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Por su parte, la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, también se sumó a las críticas contra Benedetti. Además, se hicieron evidentes otras tensiones, como el desacuerdo entre Sarabia y Gustavo Bolívar sobre la participación de Prosperidad Social en la recepción de deportados desde EE.UU., y un incidente en el que el presidente Petro reprendió al ministro de Educación, Daniel Rojas, por llegar tarde a la sesión.

En medio de este ambiente de tensión, el presidente Petro sorprendió a los presentes al abordar la reciente condena de Daneidy Barrera, conocida como Epa Colombia. La Corte Suprema de Justicia había confirmado su condena por actos de vandalismo en 2019, ordenando su captura e ingreso a prisión por 5 años y 2 meses, negándole la posibilidad de casa por cárcel.

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El presidente Petro cuestionó públicamente la decisión judicial, preguntando a la ministra de Justicia si se estaba castigando el hecho vandálico en sí o si se trataba de un acto de injusticia contra una persona de origen humilde que protestaba en un momento de agitación social. Sus palabras generaron un debate sobre la independencia judicial y la proporcionalidad de la pena impuesta a Epa Colombia.