Morelli en una carta pública señala las razones por las cuales recusó al Fiscal General. “… no existía en el pasado absolutamente ninguna enemistad personal con el señor Eduardo Montealegre Lynett”, dice la funcionaria y añade “…siendo ya Contralora quise buscar espacios de encuentro con el Fiscal para lograr niveles de cooperación interinstitucional satisfactorios, a la vez que le solicité que no obstaculizara las investigaciones de la salud”. 

Pero el pronunciamiento no se quedó allí. En la misiva la contralora califica la reacción en este caso como “descomedida” y cuestiona que muchas de las reacciones que se han dado en este caso, y las cuales se han hecho de manera pública. Esos calificativos fueron sumados por Morelli a su “condición de mujer”, lo que dice, hace que todo sea mucho más gravosos. “… hubiera merecido algo más de respeto e incluso un pensamiento del jefe del Estado de cara a llamar a la cordura en ese momento”, dijo la funcionaria. 

De la misma manera, la contralora recuerda menciones en las que dice haber sido agredida por el Fiscal General, y para lo cual cita versiones entregadas en medios de comunicación radiales. “… el doctor Eduardo Montealegre Lynett se refirió con desprecio a la persona de la Contralora descalificándola incluso desde el punto de vista académico y profesional”, dice y de inmediato desestima que ella se haya referido en esos términos al Fiscal por lo que de inmediata rechaza las voces que dice “de manera hábil ha querido hacer entender (…) que la señora Contralora actúa subjetiva, arbitraria y emotivamente”. 

El panorama descrito por la Contralora General, en su comunicación, considera que todo lo que gira alrededor de los episodios de los últimos días “es una sistemática actuación coordinada desde la Fiscalía con el apoyo de algunos generadores de opinión y empresarios, no solamente del sector salud, así como de líderes políticos con intereses patrimoniales espurios, para frenar la actuación de la Contraloría General de la República”, todo lo cual lo vincula con las investigaciones que dice está adelantando su despacho en el caso Saludcoop. 

“La Contralora General de la República no hubiera recusado nunca al señor Fiscal General y al Vicefiscal, si no tuviera copiosas pruebas de la existencia de un interés no legítimo”, añade no sin antes cuestionar el silencio en que dice están las altas esferas del Estado. Dicha conducta es ligada de inmediato por Morelli con la investigación que por lavado de activos se le adelanta en el exterior porque un negocio que nunca realizó. Nunca recuerda el nombre de la persona con la que se le acusa se relacionó. 

“Debo eso sí reconocer la firmeza del cuerpo de la Policía Nacional y del Ejército de Colombia que a pesar de haber sido involucrados en una historia muy perversa de seguimientos ilegales, han continuado diligentemente apoyándonos tanto a mi como a los funcionarios de la entidad”, señala la funcionaria en clara referencia a las llamadas chuzadas que se habrían hecho desde la Contraloría, y las cuales llevaron a esa entidad varios investigadores de la Fiscalía General. 

Frente a la recusación contra Montealegre Morelli precisó: “aquí no se están pidiendo fueros imaginarios ni especiales para eludir responsabilidades. Se está pidiendo un investigador objetivo e imparcial que no tenga ni haya tenido relación con ninguno de los investigados o sancionados por la Contraloría General de la República y que no haya recibido cifras realmente desproporcionadas, si se comparan con las que ordinariamente son los muy jugosos honorarios de abogados de altísimas calidades intelectuales, como seguramente lo es Luis Eduardo Montealegre, tienen todo el derecho a percibirlos”, dice en alusión a los 4 mil millones de pesos que se ha dicho recibió el Fiscal mientras asesoró a Saludcoop. 

“Lo que no puede suceder en un Estado con el grado de desarrollo institucional que en buena hora detenta el colombiano, es que no se cumplan las decisiones del Procurador General de la Nación, que se aplace el cumplimiento de las decisiones del Consejo de Estado proferidas en Sala Plena y finalmente, que se haga caso omiso de las órdenes perentorias de la Corte Constitucional, todas dirigidas a asegurar el cumplimiento de la Constitución y la ley en materia de salud de los colombianos”, dice refiriéndose a las determinaciones judiciales relacionadas con el sector de la salud, el cual señala como un derecho fundamental de los colombianos. 

“El acervo probatorio que la Contraloría ha arrimado a su solicitud de cara a tener un fiscal ad hoc independiente e imparcial permitirá, sin lugar a dudas, que las instancias responsables se pronuncien como manda la Constitución y la ley para que esta servidora pueda seguir respondiéndole a la justicia penal como lo ha venido haciendo desde el primer día de su posesión, habiendo podido demostrar su inocencia y habiendo podido aclarar situaciones en nueve casos que se archivaron, aunque uno se reabrió sin haberse notificado esa decisión”, dice la extensa carta conocida por Colprensa.