El deterioro de las fuentes de agua y los ecosistemas, asociada a la minería de carbón, no solo se registra en La Guajira. Es un problema nacional que se expande con el paso del tiempo y de los gobiernos.
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En mi lejana juventud tuve la oportunidad de visitar diferentes sitios de la Guajira, atendiendo invitaciones de familiares pertenecientes a la comunidad indígena Wayúu. Recuerdo que en esos años abundaban los recursos pesqueros capturados en el mar y los ríos, que servían de alimentación al pueblo Guajiro. También daba para comercializar una parte. Así mismo existían grandes rebaños de chivos y otros animales. Ríos limpios y con buenos caudales permitían estos desarrollos. No se observaban en esos años problemas de desnutrición ni hambre. Por lo mismo, no dejan de sorprenderme los informes y noticias que -en las últimas décadas- se refieren al incremento de las cifras de desnutrición y hambre que ocasionan la muerte de muchos niños indígenas.
Por ejemplo, un informe publicado por 070 (Universidad de los Andes, 26/01/2023) se titula: “Tumbas sin nombre: los niños mueren por desnutrición en la Guajira y nunca son reportados”. “Existe en este departamento un vacío en el conteo de muertes infantiles: ni la fecha de nacimiento, ni de fallecimiento quedan consignados ante las autoridades. A pesar del subregistro, que se estima es de un 70 %, las cifras oficiales indican que, en 2022, solo por causas relacionadas con desnutrición, el número de muertes fue el más alto de los últimos años”. “Según las más recientes cifras oficiales.... El 2022 terminó con la muerte por desnutrición de 85 niños y niñas menores de cinco años en La Guajira, la cifra más alta en los últimos años, que representa el 28 % del total nacional (308 casos)”.
Diferentes denuncias señalan que gran parte del deterioro está asociada a la minería de carbón que ha afectado -entre otros- las fuentes de agua como el río Ranchería. En este contexto, fue aprobada en el Congreso la Ley 2415 / 2024 en la que se declara al “río Ranchería, su cuenca y sus afluentes, como una entidad sujeta de derechos para su conservación, mantenimiento y restauración...”. Ley promovida por la senadora del Pacto Histórico, Martha Peralta Epieyú y sancionada por el presidente Petro. La ley crea la Comisión de Guardianes del río Ranchería que elaborara un Plan de Acción que “permita, entre otras cosas, su descontaminación, así como la de los territorios ribereños; recuperar, rehabilitar y restaurar sus ecosistemas y evitar daños adicionales al ambiente en la región, garantizando su goce pacífico y equilibrado con el medio ambiente”.
Esperemos que se logren los avances previstos por la legislación pues el efecto de las actividades señaladas sobre las comunidades afectadas es muy grave. Vale la pena reiterar que el deterioro de las fuentes de agua y los ecosistemas no se registra solo en la Guajira. Es un problema nacional que se expande con el paso del tiempo y de los gobiernos.
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