Un ajuste de cuentas es la hipótesis que manejan las autoridades alrededor de la masacre de cuatro personas, que aparecieron en la madrugada del viernes en una camioneta en Bogotá. Las víctimas del hecho ya fueron identificadas y la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, criticó al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) porque uno de los hombres asesinados debía estar bajo su custodia en cumplimiento de una pena en detención domiciliaria.

Se trata de Élder José Perosso Zabala, quien se presume era escolta de Juan Carlos Useche, el expolicía implicado en delitos del narcotráfico por quien habrían ido los asesinos.

“(Perosso Zabala) ya tenía antecedentes criminales por posesión de armas. Había sido capturado por la policía, judicializado por la Fiscalía y cumplía, supuestamente, una pena privativa en prisión domiciliaria. Aquí hay una falla del Inpec: tenían un preso bajo su custodia y no la hizo efectiva. Ni estaba detenido, ni cumplía con su pena”, datalló López.

Al cuestionar al Inpec, la alcaldesa aseguró que “Perosso, evidentemente, no estaba en su domicilio ni cumpliendo su pena”, sino que “continuó en actividades para delinquir y terminó asesinado en este hecho”.

La hipótesis más fuertes es que la masacre se cometió por un ajuste de cuentas entre bandas criminales dedicadas al narcotráfico. La alcaldesa también informó que ni la Policía ni la Fiscalía tienen información que les permita creer que este crimen está relacionado con la organización criminal “Tren de Aragua”.

En la masacre también fueron asesinados Leonardo Sanabria, quien al parecer también cumplía el trabajo de escolta de Juan Carlos Useche, y Leydi Alejandra Betancourt, pareja del uniformado, quien fue encontrada con signos de tortura, pero no registra antecedentes judiciales.

Los hallazgos de los cuerpos, según el relato oficial, iniciaron hacia las 10:15 de la noche de este jueves. Las víctimas estaban dentro de unas bolsas negras, sin sus documentos de identidad y con sus prendas de vestir empacadas en otras bolsas.

La Policía, por su parte, señaló que se desplegaron 100 investigadores para esclarecer esta masacre y encontrar a los responsables. En la investigación cuentan con 150 horas de video de 50 cámaras de seguridad que servirán de material de prueba. Hay una recompensa de 20 millones por información sobre el crimen.