Voceros de paz: ¿La ‘papa caliente’ de Petro?

Colprensa / EL NUEVO DÍA
Crédito: Colprensa / EL NUEVO DÍAAnalistas de la rama judicial expusieron que el presidente Petro estaría excediendo sus funciones constitucionales al dejar en libertad a integrantes de la ‘primera línea’.
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Los voceros deberán cumplir diferentes funciones, según el Gobierno, como acompañar y apoyar programas relacionados con el desescalamiento de la conflictividad social, la reconciliación de los colombianos. Por esas funciones no recibirán algún sueldo o contrato con el Estado.
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En las últimas semanas el Gobierno del presidente Gustavo Petro ha tenido que entregar diferentes explicaciones que se originaron del repentino anuncio del mandatario de liberar a los jóvenes sindicados de actos delictivos en las protestas del paro nacional, para que funjan en la sociedad como voceros de paz.

La declaración desató todo tipo de críticas, particularmente porque el anuncio, aunque no fue puntual, hacía alusión a los jóvenes de la denominada ‘primera línea’, quienes lideraron y organizaron diferentes hechos violentos y actos delictivos en medio de las manifestaciones públicas en contra, en su momento, del Gobierno del expresidente Iván Duque.

Ante la incertidumbre, el Gobierno explicó que la figura de los voceros consistiría en ser mediadores resolutivos en los diferentes conflictos sociales en las regiones del país, serán quienes tomen postura en procesos de pacificación que acerquen a las partes de los conflictos en temas ambientales, de sociabilidad, entre otros.

Cada uno de los casos los evalúa la comisión intersectorial para la promoción de la paz, la reconciliación y la participación ciudadana que está conformada por los Ministerios de Justicia, del Interior, de Defensa y el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre).

La comisión evalúa los casos y le hace las recomendaciones al presidente Petro, quien finalmente decide si la persona recomendada puede ser vocera o no, esto además teniendo en cuenta las consideraciones de las autoridades judiciales. Después de una semana evaluando, el Gobierno eligió las primeras siete personas que tendrían esta figura.

Santiago Márquez Charris, Arles Andrés Bolaños Zemanate, Adriana Esperanza Bermeo Súa, Laura Camila Ramírez Enciso, Laura Camila Ramírez Enciso, Álvaro Andrés Duque Ruiz y Bremmen Hinestroza, hacen parte de organizaciones sociales y actualmente están siendo investigados y no han sido condenados en sus procesos.

Según el Gobierno, ninguna de las personas elegidas ni las próximas que sean designadas como voceras estarán involucradas o relacionadas con delitos de gravedad, sino más bien con temas de alteración al orden público.

“Ninguna de estas personas tiene sindicaciones por delitos de lesa humanidad, ni homicidios, ni delitos sexuales, ni delitos contra menores de edad, ni tortura, son delitos de afectación de bien público privado, obstrucción de vía pública, obstrucción de medios de transporte público, irrespeto a autoridades, ese tipo de imputaciones”, explicó el ministro de Justicia, Néstor Osuna.

Las personas que se elijan en los próximos meses no deberán estar judicializadas, es decir, que personajes como Sergio Andrés Pastor, más conocido como ‘Alias 19’, quien fue condenado a 14 años de prisión por tortura y concierto para delinquir, no podrán ser voceros de paz.

 

Enredo entre voceros y gestores

La organización y presentación de los voceros de paz se estaba desarrollando cuando el presidente Petro anunció que designaría a unos gestores de paz en las zonas más vulnerables del país, que también serían mediadores en los conflictos en sus regiones.

Ese tipo de acciones sí serán contribuidas con educación y dinero y buscan disminuir la participación de los jóvenes en actividades ilegales de grupos armados. A cada joven se le pagaría mensualmente cerca de un millón de pesos.

En este programa denominado por el presidente ‘Jóvenes en Paz’, estas personas actuarán como gestores de convivencia, quienes no deberán pertenecer a ningún grupo armado ni estar sindicados o en procesos de investigación judicial.

Aunque son programas totalmente diferentes, en la opinión pública se generó una confusión e indignación frente al supuesto sueldo que se le estaría entregando a los integrantes de la ‘primera línea’, información que ya fue especificada por el Gobierno.

Suministrada / El Nuevo Día

 

Cuestionamientos

A pesar de la diferencia, las iniciativas, y particularmente el tema de los voceros de paz, ha desatado amplios cuestionamientos que no han sido alivianados ni completamente subsanados por el Gobierno, esto por incluir a personas relacionadas por actos cometidos en el paro. ¿Pudo haber un mal manejo del tema?

Para la docente y analista política María Lucía Zapata, directora del Departamento de Ciencia Política de la Universidad Javeriana, esta situación ha generado confusiones que, por el bien del ejecutivo, debe ser explicada con una mayor claridad.

“Hubo confusión, genera ruido porque no tenían claro ninguna de las dos visiones, eso es un poco problemático. Se espera que por esa confusión no se debiliten las diferentes figuras, hay que hacer un gran esfuerzo por tener claridades tanto a la sociedad, pero especialmente a los jueces y a toda la rama judicial, que se tenga claro qué es lo que se está recibiendo y cómo funciona”, afirmó.

Por su parte, el analista político Pedro Viveros, coincidió y aseguró que al presidente le han ocurrido este tipo de situaciones con diferentes temas, pero que finalmente resultan cumpliendo con lo que prometió en su campaña presidencial.

“En todos los temas comienza por lo más alto de cada uno para terminar negociando con lo más bajo, pero saca adelante cada uno de los propósitos políticos que tiene. En este caso dijo que iba a sacar a los de la primera línea, no los sacó a todos, pero sacó a siete, pero le está cumpliendo sus promesas de campaña a la gente que votó”, explicó Viveros.

Y reiteró el analista: “En este caso es novedoso, habíamos tenido estudiantes en otra época, la ‘primera línea’ es un grupo organizado de personas que se metieron a cometer unos actos de protesta y en otros ya que rayaba con el código penal, y como es nuevo le corresponde a la sociedad ver cómo lo resuelve”.

Además, la docente Zapata reiteró en la necesidad de que haya una pedagogía del Gobierno frente a las propuestas.

“Es importante que haya una buena campaña de pedagogía al respecto, tener claro lo qué se quiere y qué acciones y funciones van a tener las diferentes figuras que se vayan creando, además que se resalte en el marco de lo que ellos llaman la paz total. Sí va a generar reacciones en contra porque es una propuesta audaz”, afirmó Zapata.

 

¿Y los afectados?

Ambos analistas coincidieron en asegurar que el Gobierno también debería escuchar y tener en cuenta en el proceso a las personas y partes que se vieron afectadas por este tipo de hechos violentos ocurridos en las manifestaciones, esto para tener a todas las partes de los hechos.

“Si van a atender a la ‘primera línea’ tienen que mirar también los problemas que le ocasionaron y las necesidades a las víctimas que he bautizado los de la última línea, qué pasó con los que sufrieron los bloqueos, también hay que oírlos”, explicó el analista Viveros.

Por su parte, la docente Zapata explicó que un proceso restaurativo que se divide en las víctimas, los agresores y la comunidad, y hasta el momento, el Gobierno le estaría dando mayor prioridad a los que se podrían catalogar como agresores, porque de alguna u otra forma afectaron el bien público y a la sociedad.

“En cómo van a poder contribuir, resarcir, reparar, ir hacia la reconciliación con la comunidad, quedaría entonces la pregunta ¿Qué pasa con las víctimas?, ¿cómo se incluirían en el diálogo?. No se puede trabajar de forma restaurativa sino se tienen en cuenta las víctimas, o más bien que se sienten afectadas por esos hechos”.

Suministrada / El Nuevo Día
De las víctimas de los actos vandálicos ocurridos el año pasado aún no habla el gobierno nacional.

Finalmente, los analistas aseguraron que, aunque en una situación de tensión que podrá continuar con el desarrollo de la iniciativa, finalmente está relacionada con lo que ha expresado el presidente Petro frente a sus propuestas de Gobierno.

“La propuesta es fiel a la paz total, a lo que se venía hablando de aproximaciones restaurativas que viene desde el Gobierno antepasado (expresidente Juan Manuel Santos), pero para eso se necesita una gran pedagogía, porque venimos de una noción punitiva, lo que se está proponiendo es algo diferente”, afirmó Zapata.

Y concluyó Viveros: “Eso va a ser un caballo de batalla, pero como no hay oposición, como está atomizada, entonces no se oye un mensaje unitario, lo que hay es un murmullo de oposición, pero no hay un tema consolidado. Pero en el momento que se consolide, que haya unos voceros, un partido, sin duda puede surgir un espacio muy en contra”.

 

Credito
COLPRENSA

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