La violencia desatada en el Catatumbo por los enfrentamientos entre el ELN y las disidencias de las FARC ha sumido a la región en una profunda crisis humanitaria. Con un saldo de al menos 80 muertos y más de 20.000 desplazados, las autoridades locales se encuentran desbordadas para atender la emergencia.

La situación se ha agravado en las últimas horas, con reportes de nuevos enfrentamientos y un aumento en el número de víctimas. La población civil, especialmente, los campesinos, ha sido la más afectada, viendo sus vidas truncadas y sus hogares destruidos.

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Uno de los problemas más graves que enfrenta la región es la saturación de las morgues. En municipios como Ocaña y Cúcuta, los cuerpos se amontonan en refrigeradores improvisados, superando con creces la capacidad instalada. El Hospital Universitario Erasmo Meoz, en Cúcuta, ha tenido que recurrir a equipos que no se utilizaban desde la pandemia de COVID-19.

La Alcaldía de Cúcuta y la Gobernación de Norte de Santander han solicitado al Gobierno Nacional el envío de contenedores frigoríficos para almacenar los cuerpos y evitar una crisis sanitaria. Además, se han habilitado morgues transitorias para atender la emergencia.

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Por otro lado, los refugios humanitarios se encuentran al límite de su capacidad, ante la masiva llegada de desplazados. Miles de personas han abandonado sus hogares en busca de seguridad, generando una gran presión sobre los servicios básicos.

Ante esta grave situación, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha ordenado el despliegue de más de 2.000 efectivos militares en la frontera con Colombia, con el objetivo de brindar asistencia humanitaria a los desplazados.

Organizaciones humanitarias y líderes locales han hecho un llamado a la comunidad internacional para que brinde ayuda urgente a la población afectada por la violencia en el Catatumbo. Se requieren alimentos, medicinas, refugio y asistencia psicosocial para atender las necesidades de las miles de personas que lo han perdido todo.