¿Es posible la minería sin destruir el medio ambiente?, para algunos expertos la respuesta es sí; las nuevas técnicas de explotación permiten que el negocio del oro, petróleo y demás, pueda ser realizado sin convertirse en depredador de la naturaleza.
 

Además es un gran negocio; de acuerdo con estudios como el de la multinacional Ernst & Young, las transacciones en el sector de la minería y metales en Colombia durante 2010 sumaron 2.96 billones de dólares, representados en 17 grandes negocios para un incremento de 26 por ciento frente a 2009.

Y debido a ello el Gobierno, a través del Ministerio de Minas y Energía, viene trabajando en la obligatoriedad de generar un código de minas eficiente y que genere desarrollo, trabajo, pero a la vez seguridad para los trabajadores y sostenimiento ambiental.

En esa nueva normatividad, según el ministro Carlos Rodado Noriega, lo que se busca es meter en cintura a la minería ilegal, que viene haciéndole daño al medio ambiente y minando la credibilidad de la actividad sostenible.

La intención es que las multas pasen de 30 salarios mínimos a mil, es decir $536 millones. Así mismo, se buscará eliminar el artículo que señala que ninguna autoridad podrá intervenir al minero artesanal, ancestral o ilegal mientras se esté legalizando, lo que hoy permite que se sigan violando las normas.

El funcionario recalcó que el actual Código, en el fondo, en lugar de propiciar la formalización, lo que hizo fue permitir que la minería ilegal pudiera disfrazarse de minería artesanal y seguir cometiendo toda clase de delitos amparados en esta figura.

Otro aspecto que se incluirá en la nueva iniciativa es la creación de una Unidad Especializada de la Fiscalía que permita investigar y castigar la minería ilegal, recalcó.

Con el auge de la minería, personas al margen de la ley aprovecharon esta situación para lavar activos y compraron equipos que están siendo usados para depredar el medio ambiente en busca de oro y otros minerales, situación que no ha podido ser controlada por las autoridades municipales.

Esta Unidad podría reforzar a las autoridades y contribuir a detener el deterioro del medio ambiente, como ocurre en el Valle del Cauca, a orillas del río Dagua, en donde en menos de 40 kilómetros operan cerca de 60 retroexcavadoras.

En la explotación de carbón, especialmente en Santander, Boyacá y Norte de Santander, se requiere de sensores para medir el gas metano a lo largo de los diversos túneles que existen en una sola mina, pero debido a su alto costo, $12 millones, los mineros sólo usan uno móvil, lo cual ha generado accidentes que han terminado con la vida de muchos trabajadores.

Para el gerente técnico de Ambiental Consultores –del Grupo Inerco-, Gabriel Medina, un aspecto que debe ser fundamental en todo el proceso es la inclusión de los cierres de minas en la nueva normativa colombiana, desde los puntos de vista ambiental y financiero.

Al respecto, el directivo subrayó que esta regulación debe dar respuesta a aspectos como la gestión de las minas abandonadas o próximas a terminar su actividad. “Hay que ver cómo asegurar financiera y ambientalmente el cierre de una mina, tal como ocurre en otros países”, dijo.

Medina sostuvo que la planificación del cierre de minas es necesaria en la  operación minera. “La mejor práctica en la actualidad exige que todas las minas deben ser “diseñadas para el cierre”. Los planes de cierre y sus respectivas garantías financieras también son necesarios para obtener permisos en numerosas jurisdicciones”, subrayó.

Para el exministro Manuel Rodríguez, la explotación limpia puede ser posible, pero hay que tener claras las reglas del juego.

“Todas y cada una de las posibles actividades mineras no son necesariamente compatibles con la protección del medio ambiente. Si no lo entendemos así, se harán irreparables daños a la gran riqueza en biodiversidad y agua de Colombia, dos recursos que tienen una importancia vital e innegociable para el desarrollo productivo y para garantizar la calidad de vida de los colombianos en el largo plazo”, precisó

 Aseguró que hay que tener claro en qué áreas del territorio colombiano se puede, o no, realizar la actividad minera, y en aquellos lugares en que sea viable, asegurar que se adelante mediante el cumplimiento estricto de la ley, que se base en los más altos estándares ambientales y sociales en el ámbito internacional, y que se demande el uso de tecnologías de punta.

Peligro fiscal

Para José Fernando Isaza, la explotación minera no sólo tiene riesgos ambientales, también económicos.

“En pocos años el precio del oro pasó de US$400 la onza a más de US$1.000; el petróleo se sostiene por encima de US$70 el barril. El desastre de la B.P. en el Golfo de México aplazará proyectos fuera de la costa en altas profundidades, por lo que se espera que los precios se sostengan o se eleven. Por otra parte, el precio del níquel se mantiene alrededor de US$20.000 la tonelada, cifra similar a las cotizaciones alcanzadas antes de la quiebra de Lehman Brothers.

“Además, se están prospectando áreas para la minería del coltan. Todo esto sugiere que Colombia vive una bonanza minera; y la reasignación de las regalías hacia el sector central podría aplazar más la reforma tributaria. El sistema de incentivos fiscales a la inversión en minería, sumado a la falta de mecanismos que capten mayor proporción de las utilidades para el Estado cuando los precios suban sustancialmente, unido a la dificultad de que el Congreso acceda a transferir rentas regionales para aliviar el déficit del sector central, hacen mirar con escepticismo. De no tomar decisiones, la bonanza minera puede convertirse en una fiscal”, anotó.