El vicepresidente de la República, general Óscar Naranjo, completó más de una semana de estar en el puerto nariñense de Tumaco, en donde ha liderado la atención que otorgó el Gobierno nacional a la crisis que se dio por la muerte de siete personas en confusos hechos, en los que se comprometió, al parecer, a la Policía nacional.

En un balance, Naranjo destacó que detrás de los campesinos que están cambiando los cultivos ilícitos por los lícitos, en muchos casos, están grupos de narcotraficantes que les presionan a no cambiar. No obstante, confía que en el plan diseñado por el Gobierno sí dará resultados positivos.

El vicepresidente Naranjo además reconoce que la región del Catatumbo, en Norte de Santander, es otro eventual ‘polvorín’ para que se dé una situación similar a la que pasó en Tumaco, pero confía en que el plan integral de la presencia del Estado evite una confrontación.

¿Cuál es el balance de lo que viene pasando en Tumaco?

Tres situaciones. Una tensión derivada; la tensión que ejerce el crimen organizado sobre las comunidades es una presión que no se reconoce por temor y una tensión derivada de la velocidad con que avanza la erradicación forzosa versus la sustitución voluntaria. Adicional, una tensión derivada al interior del Consejo Comunitario del Alto Mira donde se ha identificado, de tiempo atrás, que cerca de 5.000 familias que están allí requieren solución.

¿La sustitución de los cultivos en Tumaco va a seguir teniendo muchos enemigos?

Tenemos una oportunidad por primera vez en 35 años de cultivos ilícitos de ver como ya 123.000 familias que han firmado acuerdos colectivos con la dirección de sustitución de cultivos de la Alta Consejería para el Posconflicto expresan su voluntad para salirse de ese cultivo y pasar a cultivos legales.

Por ese lado entonces hay una especie de nueva esperanza, que ya los campesinos han tomado esa decisión. También esa decisión de los campesinos choca múltiples sectores que quieren persistir en el cultivo, pero estamos obligados desde el Gobierno a dar las soluciones para que funcione con mayor velocidad.

¿La situación de Tumaco se le salió de las manos a los gobiernos nacional y regional?

No creería que se haya salido de las manos, lo que digo es que aquí hubo decisiones en el pasado, como, por ejemplo, la prohibición de asperjar la zona de frontera, que significó estabilizar esos cultivos.

De otro lado, ha habido convergencia criminal de intereses de narcotraficantes colombianos, también del crimen internacional, pero al mismo tiempo se han dado resultados en materia de represión del delito, como por ejemplo que en este año la Fuerza Pública se ha incautado de 83 toneladas de clorhidrato de cocaína en esta zona. Al mismo tiempo, se han erradicado cerca de 10 mil hectáreas. Todo esto es insuficiente, y por eso estamos aquí trabajando sobre cuatro ejes.

¿Cuáles son?

Uno tiene que ver con una oferta más clara eficaz y de justicia, el segundo tiene que ver con inclusión y convivencia, y hay uno más con obras de infraestructura -el Plan Pacífico- y otro con gobernabilidad transparente para luchar contra la corrupción.

Tumaco es la muestra del vacío social del Estado en muchas regiones, ¿cómo se está cambiando esa situación?

Debemos reconocer que esto era un conflicto de 53 años, hay territorios en donde la presencia del Estado se expresó sólo a través de la confrontación armada o la presencia de policías y soldados. Ahora, sin conflicto, llegamos a un territorio que ha estado muy afectado y hay déficit que debemos superar.

¿Quedó muy estigmatizada la región tras esta situación de hace una semana?

Tenemos que trabajar para que Tumaco muestre también su cara positiva. Esta es la cara triste, dolorosa de este problema, pero hay la cara positiva del turismo, en materia gastronómica, de gente buena que quiere salir adelante. La obligación, no sólo del gobierno sino de la sociedad no es hacer prejuicios, sino identificar soluciones y concentrarse en las mismas.

¿Cómo hacer para que la Fuerza Pública no quede marcada en medio de estas situaciones de orden público?

Lo que hemos visto aquí es que la Fiscalía está rodeada de garantías para desarrollar su investigación independiente, autónoma, transparente y eficaz.

En ese sentido, el Gobierno, como lo dijo el Presidente de la República, no está amarrado a ninguna versión inicial de los hechos. Por lo tanto, respetaremos cualquier decisión que tome la Fiscalía. Con esa decisión estamos en la obligación de trabajar de manera más cercana con la ciudadanía y fortalecer las comunidades con la institucionalidad.

¿La suspensión hecha por la Procuraduría a algunos policías afecta más a la institución?

Esto se corresponde con una señal de que la investigación avanza con todas las garantías, una suspensión no es una condena anticipada, es tan solo un procedimiento.

¿Está afectada la institución, qué le han dicho los mandos?

Está claro que la Policía ha tenido una capacidad rápida de reacción, acá ha estado todo en funcionamiento de sus distintos generales y la cadena de mando y se han hecho acciones concretas como un relevo de un centenar de sus policiales, hay unos planes preventivos, comunitarios para perseguir el delito.

¿Qué otros ‘Tumacos’ ve el gobierno o que usted haya identificado puedan venir?

Definitivamente el otro polo neurálgico, de convergencia de muchas amenazas, es Catatumbo, por eso allá hay un plan especial que el gobierno está desarrollando en la oficina del Consejero para el Posconflicto.

¿En Catatumbo la situación así de grave que Tumaco?

No quiero ser fatalista ni hacer pronósticos pesimistas, pero creo que en la medida en que estamos avanzando y en la medida en que nos acercamos a esta realidad tenemos obligación desde el Gobierno de articularnos y generar capacidades que en el pasado estaban para ganar la guerra y ahora debemos tener capacidades para construir la paz.