La presidenta de Perú, Dina Boluarte, cumplió ayer un mes en el cargo, al que accedió por sucesión constitucional tras la destitución de Pedro Castillo, tiempo en el que ha afrontado violentas protestas en todo el país que siguen activas con el saldo de 28 muertos y decenas de heridos.

Como vicepresidenta electa en las urnas, Boluarte asumió la presidencia para completar el periodo de Castillo, que debía culminar en 2026, pero de inmediato las calles le recordaron el enojo de la población con la clase política en general y decidió rápidamente plantear un proyecto legislativo para el adelanto de las elecciones generales en abril de 2024.

Sin embargo, el anuncio del adelanto de comicios tampoco calmó las protestas, pues distintas organizaciones sociales, sobre todo del sur del país, exigen también su salida de la Presidencia, el cierre del Parlamento y la convocatoria de una asamblea constituyente para redactar una nueva carta magna.

La jefa de Estado ha hecho permanentes llamados al diálogo a los grupos de manifestantes y se ha reunido con distintas organizaciones políticas, gremiales y empresariales para encontrar un clima de calma que le permita dirigir el gobierno en este periodo de transición, como lo ha denominado.

Castillo preso

El expresidente Pedro Castillo permanece detenido en una prisión policial del distrito limeño de Ate, mientras es investigado por rebelión, un cargo que se ha sumado a las denuncias por corrupción que la Fiscalía de la Nación abrió en su contra el año pasado.

La esposa e hijos de Castillo, quien intentó dar un autogolpe el pasado 7 de diciembre, han recibido asilo político de México y están viviendo en ese país bajo la protección del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ofreció igualmente asilar al expresidente peruano.

El mandatario mexicano no reconoce la legitimidad de la Presidencia de Boluarte y la Cancillería peruana declaró el 20 de diciembre persona non grata al embajador mexicano en Lima, Pablo Monroy, y le dio 72 horas para abandonar el país en respuesta a lo que consideró una “injerencia” de López Obrador en los asuntos internos peruanos.

De la misma forma, la Cancillería de Perú convocó a los embajadores de Argentina, Bolivia y Colombia por la posición crítica de sus gobiernos con el Ejecutivo peruano y luego llamó a consultas a Lima a sus representantes diplomáticos en esas naciones, además de México.

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