La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) concluyó ayer su reunión semestral con una alerta sobre “uno de los peores momentos de la democracia” en América Latina, reflejado en el aumento de ataques a medios y hombres de prensa en casi toda la región.

La reunión de tres días, desarrollada de forma virtual, abordó casos sintomáticos como los de Cuba, Venezuela y Nicaragua, países donde se han intensificado los ataques a la prensa independiente, o incluso esta ha desaparecido, así como la persecución de periodistas, algunos de los cuales han tenido que exiliarse.

En la jornada de ayer, ante el clima de violencia generalizado, los directivos de la SIP profundizaron sus pedidos para la protección de los periodistas.

“Tenemos síntomas inequívocos de que estamos atravesando uno de los peores momentos para la democracia en nuestras Américas”, dijo el presidente de la SIP, Michael Greenspon, al inaugurar el martes la reunión que se ha celebrado de forma virtual y concluyó ayer con la aprobación de los informes sobre el estado de la libertad de prensa en 24 países de la región.

Se han aprobado también diversas resoluciones, en una de las cuales el organismo, compuesto por más de 1.300 publicaciones del hemisferio occidental, condenó “el aumento de atentados y agresiones contra medios y periodistas en la mayoría de los países de las Américas”.

De hecho, en el transcurso de este evento se confirmó el décimo asesinato de un periodista en la región. El nombre del haitiano Ricot Jean se sumó a los de otros cuatro periodistas haitianos, un colombiano, un estadounidense, un paraguayo, un hondureño y un guatemalteco.

Prensa amenazada

En el último tramo de la reunión semestral, la SIP aprobó los informes sobre la libertad de prensa en 24 países, entre los que se destaca el caso venezolano, donde el Gobierno ha reducido “sistemáticamente” el espectro mediático en el país, y en el caso de Cuba, señala la SIP que “la crisis del periodismo independiente se acerca a un fondo nunca visto en los últimos 30 años”.

Sobre Nicaragua, el informe lamenta que el Gobierno de Daniel Ortega ha intensificado sus ataques contra la libertad de prensa y de expresión, lo que ha incluido la expulsión y desnacionalización de periodistas, el cierre de medios y la censura.

Entre las resoluciones aprobadas figuran las que rechazan el acceso a la información pública y cobertura informativa que padecen periodistas en América Latina, y el acoso judicial y tributario como arma para amedrentar la labor de medios, e iniciativas legales en Bolivia, Perú y Estados Unidos que representan “serios retrocesos para la libertad de prensa”.

Otro documento denuncia que las amenazas del narcotráfico contra periodistas y medios se han convertido “en un grave riesgo para el ejercicio del periodismo en Argentina, Colombia, Ecuador, Haití, México y Paraguay”.

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