Según la decisión del Ministerio Público, el funcionario incurrió en ?graves? irregularidades al adjudicar contratos de manera directa y no por medio de licitación pública, como exige la ley.

El proyecto, que tuvo un costo superior a los 3.800 millones de pesos, buscaba ?la cooperación y asistencia técnica para coadyuvar a la gestión de programas y proyectos viables, tanto del Plan de Desarrollo o Plan de inversiones como otros que propendan por el fortalecimiento institucional de la Alcaldía de Santander de Quilichao?.

De acuerdo con la investigación adelantada, Bonilla Soto suscribió este convenio, "con la intención de evadir el procedimiento de licitación pública para seleccionar los contratistas que adelantarían las obras mencionadas".