Trataba de la peor manera a sus colaboradores. No permitía que nadie le tuteara y dejaba que sus hijos hicieran lo que se les antojara en cualquiera de las sedes de R&B Consultores, la empresa que en los últimos días está en boca de los colombianos por ser la sociedad desde la cual se fraguó el desfalco a la Dian a través de falsas exportaciones.  

La mujer que estaba a la cabeza, tanto del desfalco como de la empresa, era Blanca Yazmín Becerra Segura, una exfuncionaria de la Dian que conocía las debilidades internas de la empresa en materia de la devolución del IVA.

Trabajó entre 1999 y 2001 en el área de fiscalización de grandes contribuyentes, con un salario que para la época no era superior a los dos millones de pesos.   

Pese a lo que ganaba, con los años logró amasar bienes cuyo valor alcanzaba los 10 mil millones de pesos, de acuerdo con los investigadores. Ese fue uno de los puntos de partida con que se encontraron las autoridades que, tras seguir indagando, lograron establecer que Becerra Segura tenía antecedentes penales desde 2006. 

En ese entonces, agosto 31 de ese año, el Juzgado 12 Penal de Bogotá le impuso una condena de 34 meses de prisión por el delito de falsedad de en documento público. No obstante, el proceso no aclara si Becerra Segura estuvo en centro carcelario por este acto o cómo saldó esa deuda con la justicia.  Para ese mismo mes y año se le decretó una inhabilidad para contratar con el Estado, cuya caducidad se extiende hasta septiembre de 2011.  

Bajo ese prontuario, los investigadores tenían un punto de partida. Y la sentenciada mujer se seguía moviendo en lujosos carros, los cuales cambiaba con frecuencia.  “Ella nos exigía que la llamáramos doctora y al que quería lo trataba mal. Se ‘emberracaba’ por todo y siempre decía que ella era abogada y contadora, como echando en cara eso al igual que había estado en la Dian”, dijo un extrabajador de la firma R&B, quien agregó que el hijo de Becerra se movilizaba en un Hyundai Genesis, vehículo considerado de alta gama.  

A esta pomposa vida no era ajeno Guillermo León Rodríguez Morales, esposo de Be­cerra. Sus carros no eran menos lujosos que los de la mujer. Y, por lo general, según el extrabajador, andaba armado pese a la escolta que lo cuidaba. “Siempre lo vi con una Pietro Beretta en el cinto y se ufanaba de que había pertenecido al Ejército”, contó.  

Entre el cuerpo de guardaespaldas estaba José Norbey Garzón, un joven que Becerra Segura conoció en el Sur de Bogotá y a quien en principio le encomendaban labores sencillas de mensajería. Pero luego Blanca notó la habilidad que el hombre tenía mane­jando la motocicleta y decidió ­vincularlo a su grupo de ­escoltas.  

La ‘ayuda’ de la Dian 

La audiencia parecía de nunca acabar. Extenuantes jornadas ante la Juez 14 de Garantías escuchando el relato del fiscal que se extendió por ocho días, pues el organismo acusador tenía en su poder ­grabaciones de intercep­taciones legales en las que varios de los implicados eran nombrados.  

De igual forma, dijo que contaban con documentos en los que se probaba que el escolta José Norbey aparecía firmando varios cheques y transacciones de la empresa Continental de Chatarras, de la cual se había convertido en el representante legal. Una meteórica carrera: de mensajero a escolta y de allí a tener su propia compañía.  

Una de las transferencias data de octubre de 2010. En total fueron 305 millones de pesos que tuvieron como destino una cuenta del Bbva a nombre de María Segura de Becerra, la madre de Blanca. La otra ­prueba revelada por el fiscal es otro movimiento interbancario que alcanza los 250 millones de pesos y que fue efectuado en marzo de este año a la misma cuenta.  

La mamá de Becerra también logró llamar la atención de los investigadores, quienes no se explicaban cómo un ama de casa obtuvo bienes que datan de 2008 y 2009, y cuya suma es exorbitante. María es una mujer boyacense nacida en 1948 y a quien su hija colmó de propiedades, conforme consta en dos escrituras de la Notaría 64 de Bogotá.  

De esa misma notaria, ubicada en el barrio Modelia, Occidente de la capital de la República, es la escritura con la que se creó R&B Consultores. La sigla tiene su origen en los apellidos de la pareja Rodríguez y Becerra. El exmilitar y la exfuncionaria.   La Notaría queda muy cerca de la sede principal de la firma. No obstante, no era la única que poseían.

En el exclusivo sector empresarial del Salitre tenían, en un moderno edificio sobre la avenida ElDorado, ocho oficinas en calidad de arriendo.   Hasta estas oficinas llegaban integrantes de la Dian a realizar los operativos de control sobre las presuntas irregularidades de las que habían sido advertidos por el supuesto desfalco.

Entre la comitiva de funcionarios de la Dirección de Impuestos figuraban dos nombres que también fueron mencionados en la audiencia: Raúl Vargas y Antonio Ramón Angulo Hernández.  

Se trata de un economista y un contador, respectivamente, adscritos a la división de Gestión de Fiscalización para Personas Jurídicas. No obstante, y según la Fiscalía, habrían recibido millonarios sobornos para no delatar lo que sucedía.   Vargas y Angulo serían la conexión entre la Dian y R&B Consultores.

Sus firmas aparecen en los formularios de reintegro del IVA por supuestas exportaciones que hacía la empresa Comercializadora El Guajiro, registrada por primera vez en Pereira el 6 de junio de 2008 y la cual fue catalogada como una de las empresas de ‘papel’ que creó Yazmín Becerra para el desfalco.

Los delitos que les imputaron 

A Blanca Yazmín Becerra la Fiscalía le imputó los delitos de concierto para delinquir, falsedad en documento privado, falsedad en documento público, fraude procesal, enriquecimiento ilícito de particulares, exportación e importación ficticia, cohecho, peculado por apropiación y lavado de activos. Guillermo Léon Rodríguez, esposo de Blanca, es sindicado de concierto para delinquir, lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

Se acogió a todos y fue enviado a la Modelo. José Norbey Garzón Fierro, el escolta, aceptó su responsabilidad en los delitos de concierto para delinquir y enriquecimiento ilícito, pero rechazó falsedad en documento privado, fraude procesal, exportación o importación ficticia, peculado por apropiación y lavado de activos.

Fue internado en la Cárcel Nacional ­Modelo. -A Fernando Quiceno Cruz, también enviado a la Modelo, se le sindica de concierto para delinquir, falsedad en documento privado, fraude procesal, exportación o importación ficticia y peculado por apropiación.

No aceptó ninguno.  -A los funcionarios de la Dian Antonio Agudelo Hernández y Raúl Vargas la Fiscalía les endilgó los delitos de concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito, falsedad ideológica en documento público, lavado de activos, peculado por apropiación y cohecho impropio.

Ninguno de los dos se acogió a los cargos, pero recibieron la medida de aseguramiento intramural en la cárcel Modelo. -Diana Marcela Ramos, a quien le imputaron concierto para delinquir, falsedad en documento privado y enriquecimiento ilícito, no se allanó a los cargos.

María Segura de Becerra,­ mamá de Blanca Yazmín, aceptó enriquecimiento ilícito y lavado de activos. A las siguientes capturadas la Juez 14 las envío a la cárcel El Buen Pastor de Bogotá. -La contadora Sandra Liliana Rojas también aceptó concierto para delinquir, fraude procesal, exportación e importación ficticia, peculado por apropiación, lavado de activos y enriquecimiento ilícito. -La abogada Miryam Teresa Peña Palacios no se allanó a concierto para delinquir, falsedad en documento privado, fraude procesal, exportación o importación ficticia, peculado por apropiación, lavado de activos y enriquecimiento ilícito. -Catherine Cano Martínez, por su parte, fue imputada por concierto­ para delinquir, falsedad en documen­to privado, fraude procesal, exportación o importación ficticia y peculado por apropiación, conductas que no aceptó. 

Finalmente, a Andrea Bottina Montero y a Jazmín Silva Sánchez el Fiscal les imputó los delitos de concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito y lavado de activos, cuya responsabilidad no aceptaron.