De acuerdo con la Corte, cuando la jueza Saavedra fungía como titular del Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Aseguramiento de Palmira, le impuso una condena menor al tiempo que él debió permanecer en la cárcel. 
La funcionaria profirió un fallo por acumulación de penas, el cual derivó en la orden de libertad emitida por el juez de Ejecución de Penas de Tunja, Pedro Suárez Vacca, en 2002.

Suárez Vacca fue denunciado por el entonces ministro del Interior Fernando Londoño, pero para las autoridades la decisión del juez se ajustó a derecho. 

La Fiscalía acusó a la jueza del delito de prevaricato, al considerar que a la hora de redosificar la pena de Miguel Rodríguez se configuraban agravantes que impedían otorgarle rebajas procesales, como la existencia de una tercera condena de 64 meses de prisión, entre otras que llevaron a que éste recibiera, en su momento, la excarcelación.

La Corte Suprema de Justicia determinó que, efectivamente, se daban los presupuestos para considerar como un hecho altamente probable el la juez de ejecución de Penas haya incurrido en el delito de prevaricato por acción.

Hay “suficientes las razones expuestas por el Fiscal General al considerar como graves las conductas realizadas por la ex juez Saavedra Yepes cuando decidió la acumulación jurídica de penas en la ejecución del fallo contra Miguel Ángel Rodríguez Orejuela, toda vez que es de público conocimiento su calidad de narcotraficante y el estupor causado por el otorgamiento de la libertad condicional”, concluyó la Sala Penal.