De acuerdo con el escrito de acusación que el ente acusador presentó ante un juez de conocimiento en junio de este año, Salazar habría favorecido a terceros con subsidios del programa AIS, cuyo monto ascendía a los 280 mil millones de pesos. 

Posterior a esa fecha, la Procuraduría anunció que Salazar era sancionado por once meses. Según el Ministerio Público, el entonces viceministro no cumplió sus funciones de revisión, análisis y supervisión del convenio con el IICA y no emitió órdenes para que fuera cumplido a cabalidad.

En septiembre pasado, y luego de permanecer en la cárcel La Picota, Salazar recobró la libertad por orden de un juez que consideró que los términos de su proceso estaban vencidos. Una medida similar le fue conferida a Tulia Eugenia Méndez, quien laboró en el Ministerio como exjefe de la oficina jurídica. 

El preacuerdo, con el que parecería que Salazar busca beneficios jurídicos y convertirse en lo que se conoce como testigo estrella, tendrá que ser avalado por un juez de garantías.

En este mismo proceso Camila Reyes del Toro, exdirectora de Comercio del Ministerio, ya había transado un preacuerdo con el ente acusador. Reyes del Toro también se encuentra en libertad, al igual que el exjefe jurídico del Ministerio Oskar Schroeder Muller.