Esta fue una de las descripciones que el fiscal Juan Carlos Acevedo, hizo en el marco de la audiencia que se adelanta por el escándalo de la Dirección Nacional de Estupefacientes, DNE.
 Muñoz Prada, contratista para la época de los hechos, actualmente labora en la Contraloría General de la seccional del Cesar. En la DNE tramitaba las querellas ante la Policía para la recuperación de los bienes que les eran incautados al narcotráfico. Coordinaba, además, con las autoridades las diligencias en las que se entregaban los bienes.

Por su parte, Javier Mantilla, administrador de empresas, como contratista de la DNE estaba al tanto de las actualizaciones administrativas relacionadas con las decisiones de la destinación de bienes que eran puestos a disposición de la DNE.

Manuel Francisco Ospino se inició como contratista de le entidad, pero por sus labores destacadas en la subdirección de bienes fue nombrado directamente en esa dependencia desde septiembre de 2008. Entre sus funciones estaba la de mantener contacto directo con las personas a las que el organismo escogía como destinataria de los bienes.
     Entre ellos, sostiene la Fiscalía y con conocimiento de Figueroa Reyes, exdirector de la DNE, concertaron “toda una empresa criminal” para cobrar dinero a particulares que querían explotar los predios confiscados a los ‘narcos’. “Lo pedían directamente o a través de terceros para que los funcionarios aprobaran el contrato de arrendamiento de un bien determinado”, relató el Fiscal ante la Juez 57 de garantías.
     Cuando los predios tenían cierto privilegio agrícola, es decir que eran tierras aptas para la cosecha, a la par con la dádiva solicitada, también exigían una parte de lo que la tierra produjera, la cual era pagada en efectivo. Nunca en especie.
     â€œÃ“mar Adolfo Figueroa hacía actos administrativos contrarios a la ley pero su tarea era que se presentaran como legales al interior de la entidad”, precisó el Fiscal y agregó que el exfuncionario, en compañía de Jairo Coral Romo, escogían los predios que les podían reportar más beneficios para cederlos a particulares.

Los cargos
Quien conseguía los beneficiarios, sostiene el Fiscal, era Adolfo Figueroa Abella, padre del exdirector de la DNE, quien además se apersonaba del cobro de la dádiva previamente negociada.
Algunos de esos predios a los que se les sacó provecho están en el corregimiento El Arenal, jurisdicción de Yopal, en Casanare. Allí los terrenos identificados como Corinto, Malabar, Bramadora y otros dos sin nombre.
Para este predio se escogió a un sujeto de nombre José Abril Forero quien a su vez puso como depositario de los predios a Luis Fernando Rojas Cañón, quien se desempeñaba como conductor pero que no tenía los conocimientos de las labores propias del campo.
“Sin embargo, el no tener los requisitos, no fue ningún obstáculo para que Figueroa Abella elaborará la hoja de vida de Rojas Cañón consignando en ella estudios especializados en el Sena para luego presentarla ante la DNE y posteriormente fuera avalada por Figueroa Reyes”, indicó el fiscal.
A raíz de esta situación, que se extiende de manera similar a predios en el Meta, Boyacá y Córdoba, es que la Fiscalía le imputó al exdirector los cargos de concierto para delinquir, fraude procesal, peculado por apropiación, concusión y falsedad ideológica, conductas punibles que le endilgó en calidad de coautor. Mientras que lo señaló como posible autor de prevaricato por acción.
Ninguno de estos cargos fueron aceptados por el indiciado.