La decisión cobija a Henry González Ramírez, coordinador de Autorizaciones; Javier Agudelo Valencia, vicepresidente de Salud; Adriana Páez Lizarazo, gerente de Recobros y Cuentas Médicas; Claudia Helena Sánchez, gerente Operativa de Salud, y Mónica Ximena García. 

Esta determinación se toma al responder un recurso de apelación interpuesto por la defensa, luego de que la juez 29 de garantías dictara medida de aseguramiento domiciliaria y legalizara la captura de estas personas. 

Para la funcionaria judicial, la captura fue legal y no se vulneraron sus derechos fundamentales. Estas personas están siendo investigadas por los delitos de fraude procesal, falsedad en documento privado y estafa agravada, en calidad de coautores. 

Además, consideró que la medida es necesaria para asegurar su presencia el proceso, pese a que no representan un peligro para la sociedad. 

Según la Fiscalía, existieron entre el 2008 y 2010 41 mil recobros indebidos de procedimientos del no Plan Obligatorio de Salud. El ente acusador ha dicho que en Colombia los servicios que no están en el POS le corresponde pagarlos al Estado, por lo que de eso se habrían aprovechado para efectuar el millonario recobro. 

El fiscal Montealegre dijo en su momento que "servicios que habían sido ordenados por medio de tutelas y que solamente le daban derecho a las EPS para cobrar entre un 50 y 85 por ciento al Fosyga, se recobraron indebidamente haciéndolos pasar por comités Técnicos-Científico para recobrar el ciento por ciento”.