Los cien años de la Contraloría

Durante su mandato, surgieron dos instituciones próximas a cumplir 100 años en el 2023. La primera, por iniciativa del partido Liberal en la convención de Ibagué en 1922, fue la Universidad Libre, que tuvo como primer rector precisamente al general Herrera.

La segunda, como consecuencia de la Misión Kemmerer contratada por el gobierno, fue la Contraloría General, concebida como una entidad de carácter técnico para vigilar el honesto y eficiente uso de los recursos públicos. En sus comienzos, fue una institución de mucho prestigio, que en materia de hacienda pública y “gestión fiscal” cumplía una especie de “magistratura moral” por todos acatada.

Hubo muchos contralores de gran peso entre los que aún se recuerdan, Carlos Lleras Restrepo, Alfonso Palacio Rudas, Agustín Aljure, y más recientemente, Antonio Hernández Gamarra y Sandra Morelli. Aún durante la dictadura, Rojas Pinilla tuvo como contralor al coronel Ruiz Novoa, quien luego fue prestigioso ministro de Defensa. Ya en vigencia del Frente Nacional, la Contraloría a través del control previo –revivido en una reforma constitucional aprobada de manera exprés en el 2019– se convirtió en un botín apetecido por los políticos o personajes en busca de ascenso, casi siempre por la soñada jefatura del Estado.

Hasta el 91, el Contralor era elegido directamente por la Cámara de Representantes, sin participación del presidente ni del poder judicial. Seguramente por el para entonces ya acentuado poder político y burocrático del contralor, en la Constitución del 91, se extendió su elección al Congreso en pleno –los senadores no podían quedar sin tajada– y se incluyó la participación del poder judicial en su postulación. Irónicamente, el primer Contralor propuesto por la respetada Corte Constitucional –David Turbay– terminó condenado por el proceso 8000, por uno de los cheques que el Cartel de Cali giró a encopetados y ‘respetables’ políticos, en relación con los cuales dieron las más variadas ‘explicaciones’: cuadros, préstamos, compra de yeguas, volquetas, caballos o burros y hasta relaciones familiares.

Después, se incluyeron los “concursos de méritos” que también han dado pie a toda clase de acciones judiciales, tutelas y cuestionamientos. ¿Qué seriedad puede tener ese proceso cuando una comisión del Congreso les da tres minutos a los candidatos para que puedan explicar un “programa”?

Con uno u otro sistema, en los últimos 40 años ha habido de todo. Un Contralor General condenado por la Corte Suprema de Justicia, por viáticos injustificados. Otro por cohecho, por recibir de un banco coimas por colocar en él los cuantiosos recursos de la nómina de la Contraloría. Otro, como ya se dijo, por recibir antes de ser Contralor, un cheque del cartel de Cali. Uno más, procesado por la misma razón –liberado años después– a pesar de que, en conversación recientemente divulgada por Julio Sánchez, con el ya difunto jefe del cartel de Cali, Gilberto Rodríguez, dijo que era el “enlace” para hacer propuestas –no aceptadas– al gobierno de César Gaviria.

En su época, Aníbal Martínez Zuleta, prácticamente manejaba al Congreso y alcanzó a ser candidato presidencial. En tiempo de Rodolfo González se hablaba del “grupo de la Contraloría”, y fue importante para varias elecciones presidenciales. El titular influía hasta en la elección de mesas directivas del Congreso. Para “controlar” al contralor, la Constitución del 91 creó la figura del “auditor”. Algunos auditores se convirtieron después en aspirantes a contralores.

En el proceso actual, de lo que menos se habla es de la función de control fiscal o de mejorar la recuperación de bienes del Estado. Los temas son puestos y contratos, y de ahí, la encarnizada lucha entre los políticos por quedarse con el botín. ¿No será la hora de que, si en verdad el nuevo Gobierno quiere hacer una reforma política, piense en sustituir la estructura actual por un “verdadero Tribunal de Cuentas”, integrado por técnicos en hacienda pública y ciencia contable como fue la intención con la que se creó la Contraloría?