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No solo por lo que está ocurriendo en el Catatumbo, donde el Estado parece ser un impotente observador de la lucha entre organizaciones armadas ya sin ninguna pretensión política, sino en Arauca donde el ELN actúa como amo y señor; en el Chocó, donde a pesar de los ingentes esfuerzos de la joven, inteligente y aguerrida gobernadora, las organizaciones delincuenciales hacen paros armados cuando se les antoja sin tener en cuenta para nada la afectación a la población civil ya suficientemente martirizada por el marginamiento y la pobreza; en el Cauca, donde con todo y la acción de las fuerzas armadas, no cede la violencia; y en otras regiones del país azotadas por el narcotráfico, la minería ilegal y delincuentes de todos los pelambres, cada vez parece más evidente la pérdida del control del orden público por parte del Estado en buena parte del territorio nacional.
En términos generales, la noción de “orden público” está unida a las condiciones que hacen posible la convivencia ciudadana, la seguridad rural y urbana; la paz territorial y el funcionamiento real y no puramente formal de las instituciones. Son dos los factores que afectan el orden público: el conflicto armado y la criminalidad organizada.
Varias veces he escrito en esta columna que el clásico concepto de “conflicto armado”, entendido como el alzamiento en armas para derrocar al gobierno por razones políticas, desapareció hace algún tiempo cuando las guerrillas abandonaron la lucha política propiamente dicha y se involucraron en acciones más propias de la criminalidad común como el secuestro, la minería ilegal, la extorsión y las acciones unidas al tráfico de drogas. Ya no se sabe cuál es el proyecto político de la guerrilla como lo era en el comienzo el implantar un régimen comunista o socialista, lo que en el mundo de hoy sería un disparate. Por eso, cada vez es más difícil pensar en la “negociación política”.
Con todo, casi sin excepción, los gobiernos -aún hoy- utilizan los mecanismos constitucionales de amnistía e indulto y buscan llegar a “acuerdos” con las organizaciones armadas. Hubo éxitos totales como el proceso de paz con el M19, o parciales, como con las FARC. Y también fracasos como el generoso proceso de paz de Betancur, las negociaciones en Tlaxcala o Maguncia con el ELN o el del Caguán con Andrés Pastrana, todos ellos adelantados por los gobiernos con la sana intención de acertar. Y obviamente, simultánea o alternativamente, se ha utilizado la solución militar con relativos éxitos y algunos fracasos.
La delincuencia organizada tiene que ver básicamente con organizaciones criminales con exclusivo ánimo de lucro, casi siempre vinculadas al narcotráfico. El momento más álgido fue el del narcoterrorismo de la década del ochenta que ensangrentó al país y mató a muchos lideres -incluido Galán- para impedir su extradición a los EEUU. Por un tiempo se puso fin a ese narcoterrorismo cuando en la constituyente se prohibió inicialmente la extradición de nacionales.
A propósito del Catatumbo, el gobierno anuncia la declaratoria de Conmoción Interior, heredera del Estado de Sitio, utilizado en Colombia desde la ley de los caballos - expedida para combatir el robo de animales en el departamento del Cauca en 1887-, hasta hace relativamente poco tiempo. Lo usó Ospina Pérez en 1949 para cerrar el Congreso y lo mantuvieron los gobiernos de Rojas Pinilla y de la Junta Militar entre 1953 y 1958. Durante diez años toda la normatividad se expidió al amparo de esa figura, desde la expedición de códigos hasta el nombramiento de secretarias. Y sirvió -quien lo creyera- hasta para desencadenar un proceso de reforma constitucional violando -con autorización de la Corte- el ordenamiento vigente. También se usó para combatir huelgas, protestas sociales y establecer el juzgamiento de civiles por militares.
A pesar de los fracasos de las políticas para combatir esas dos formas que alteran la convivencia ciudadana: acudir a la Conmoción Interior, realizar los desgastados “consejos de seguridad”, después de que pasan los hechos y no para prevenirlos, y las “recompensas” con lo odioso que implica tener montos dependiendo de la víctima y que además se prestan para conejos y corrupción. ¿No será hora de cambiar las recetas? o, ¿deducir responsabilidades políticas?
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