Tan pronto se acalló la protesta estudiantil, se dejó de hablar sobre la problemática de la educación en Colombia con la seriedad debida.

Claro que el debate anteriormente sostenido tampoco fue tan profundo como se esperaba, pues apenas sí permitió fragmentarios pronunciamientos sobre su financiación y el incremento de su cobertura, sin que entrara a reparar en otros temas igual o más importantes, que las autoridades del ramo evadieron o apenas sí tocaron de manera superficial, sin abordarlos en toda su complejidad y sin detenerse a analizar todos y cada uno de sus factores causales para ver de corregirlos, antes de delegarlos en el legislador, como lo hicieron en la errónea creencia de que la ley tiene el poder suficiente para solventarlo todo.

Por supuesto que al desprenderse de ellos, alcanzaron la esterilización del debate y la distancia de éste, a más de obtener la constancia y la satisfacción del deber “formalmente” cumplido, concretados en una precaria norma legal, -que como por lo general ocurre-, será, a no dudarlo de menguado alcance.

No se oteó siquiera, el problema de la disfuncionalidad familiar y sus efectos en el desenvolvimiento intelectual de la niñez o la mala nutrición en la etapa prenatal y en la primera infancia como factores fundamentales de la desigualdad y la inequidad sociales, en cuanto son las instancias en donde se cuajan la capacidad de comprensión y la inteligencia necesarias para transitar con éxito por los diversos ciclos educativos y en donde se forma la persona para poder, en un estadio superior del sistema, ingresar, permanecer y discurrir con buen suceso.

E igual, se le hizo el esguince a la discusión sobre la heterogénea calidad, la precaria pertinencia y la ninguna competencia que se obtiene con la formación brindada en la primaria y el bachillerato en las escuelas y colegios públicos y aún privados de todo el país:, fundamentalmente los rurales, los de los pequeños poblados, las ciudades intermedias e incluso los de las capitales de los departamentos pobres, generadores como los que más de disparidades y discriminaciones.

Dejando, así mismo, de enfocar y valorar cuánto incide el sistema educativo en las cifras de desempleo, pobreza y el elevado grado de inequidad en el ingreso que existen en nuestra sociedad, más graves que las de la mayoría de los países e iguales o peores si se quiere a las que evidenciaba éste en la pasada centuria.

Todo para seguir sin saber cómo superar tal problema y cómo orientar el esfuerzo educativo hacia el crecimiento económico y la reducción del desequilibrio socio-económico, objetivos que se deben hermanar en una sola prioridad.

De manera que el debate no debe cesar, no puede terminar; debe seguir pero encarando el problema con eficacia, hasta obtener, más pronto que tarde, la necesaria transformación del sistema.