La actual campaña de la Administración municipal por la recuperación para devolver al ciudadano el espacio público, que hasta hoy se había perdido por la inacción de sus antecesores en términos de planeación urbana, si bien resulta loable en su propósito, se queda corta al no darle el enfoque integral y totalizante de que el problema requiere para su radical solución.

Porque el concepto de espacio público hoy se ha crecido, insertándose dentro de un concepto de mayor cobertura conocido como la “ecología urbana” que se nutre de otras disciplinas como el urbanismo, la economía, la sociología, la antropología, la geografía, la ingeniería, el derecho y la historia, que se refiere, por supuesto, a las vías, pero no de manera exclusiva a ellas, sino a todo aquel lugar -cualquiera que sea-, que se quiera reservar libre de construcciones u ocupación física, visual o sonora, por razones culturales o históricas, o para destinarlo a usos sociales propios de la vida en la ciudad, como la recreación o las prácticas deportivas, los actos o espectáculos colectivos, la cultura, la seguridad y la salud, etc., sin restricción, en contraposición al espacio privado en donde el uso, de hecho, se limita en virtud de la prevalencia del derecho de propiedad individual.

Así el espacio público abarca hoy plazas, parques, vías, calles o andenes de circulación abierta, antejardines, así como casi todas las edificaciones públicas tales como terminales de transporte, estaciones, aeropuertos, bibliotecas, escuelas, acueductos y hospitales, algunas zonas de protección como bosques, laderas, orillas y lechos de los ríos, etc., constituyendo, la más de las veces, el escenario propio de convergencia comunitaria para la interacción y la expresión vital cotidiana, lo que lo convierte en el soporte físico de la actividad colectiva en la urbe y lo sitúa muy por encima de los intereses individuales, haciendo que su libertad y accesibilidad tengan que ser reglamentadas y preservadas por encima de cualquiera otra consideración.

Teniendo cuidado sí, de no terminar por calificar como públicos espacios que la dinámica propia de la ciudad y los comportamientos de la gente puedan llegar a crear sin que jurídicamente lo sean o no hayan sido previstos como tales, como por ejemplo espacios abandonados espontáneamente utilizados como públicos, o centros comerciales que son espacios privados con apariencia de públicos.

Bajo estas premisas debe repensarse y reglarse el espacio público, procurando convertirlo en algo amable, confortable y, sobre todo, útil para los ciudadanos: movilidad sin congestión ni polución sonora o ambiental, con calles amplias, libres de obstáculos y un sistema racional de transporte público, no contaminador, eficiente y eficaz; plazas de mercado sin desaseo ni invasión de las áreas circundantes de requerimiento colectivo; plazas y parques donde no se moleste la recreación o el descanso de sus visitantes; lugares de espectáculo y divertimento sin contaminación auditiva ni perturbación al apacible discurrir de los ciudadanos: en fin, donde se tenga de todo pero de manera civilizada.

El espacio concebido bajo un verdadero dominio público, un uso social colectivo y una diversidad de actividades, tratado con una positiva visión del porvenir de nuestra ciudad bajo perspectivas de crecimiento y desarrollo, acorde con la “seguridad humana” prometida.