¿Según quién?

la misma que se divulga justo la misma semana en la que tras un prolongado silencio y por presión mediática, el Jefe de Estado, finalmente se vio obligado a referirse al fusilamiento de un menor de 18 años, en el corregimiento de El Plateado, luego de negarse a ser reclutado por las disidencias de las FARC.

Habiéndose hecho elegir bajo la promesa de paz total y atreviéndose incluso a ponerle término a la firma de un acuerdo con el ELN (dos años, según sus palabras), la realidad y las cifras dan cuenta de un panorama sombrío y tormentoso, no solo para los anhelos gobiernistas, sino especialmente para la seguridad nacional.

Aunque el aparato estatal despliega sus acciones mediáticas para destacar como grandes ejecutorias, el incremento en la remuneración a los soldados que prestan su servicio militar para 2025 y no ahorran tiempo ni espacio para hablar de sus mentados golpes a las estructuras del narcotrafico, la estadística de la guerra medida por instituciones independientes cuenta otra historia.

Las organizaciones armadas ilegales han fortalecido no sólo su capacidad sino su control sobre el territorio ante una tímida acción del Estado, advierte la Fundación Ideas para La Paz, y se complejiza con nuevos escenarios como la urbanización del conflicto tal y como recientemente lo relacionó en uno de sus informes la también ONG, Paz y Reconciliación.

Abandonar el campo y camuflarse en las ciudades ha abierto una peligrosa puerta para que los grupos al margen de la ley encuentren otras alternativas de financiación, asumiendo el manejo de redes dedicadas al microtráfico y el cobro de extorsiones a comerciantes y empresarios, flagelos que se han disparado en todo el territorio nacional.

Pero como si ese deterioro en las condiciones de seguridad del país no fueran ya lo suficientemente alarmantes, otra entidad independiente como Imdepaz ha contabilizado en lo corrido de 2024 el asesinato de 166 líderes sociales y 28 firmantes de paz, muertes  que en su campaña por la presidencia, Gustavo Petro lamentaba todos los días y cuyo récord como senador en la oposición enrostraba vehemente a quien le antecedió, reclamando protección estatal.

Como rezaba el lema que apropiaron sistemáticamente y que bien posicionaron con fuerza viral sus hordas de seguidores “Nos están matando” y “nos siguen matando”, aunque en el discurso presidencial, Colombia va bien.

En el  juego de poder es claro que ciertas derrotas, especialmente aquellas inocultables a los ojos de la opinión pública, tienen un costo político y se deben pagar en esa moneda. Y aunque las mociones de censura nunca han progresado hasta el punto de producir la salida de servidores público, sí han presionado la renuncia de algunos, incluso en esta administración.

Ahora que el cierre del año motiva reflexiones sensatas sobre la tarea hecha, va siendo tiempo de considerar la continuidad de un Iván Velásquez que aunque protegido siempre por su jefe y adornado con las virtudes y calidades excelsas de gladiador en la lucha anticorrupción se ha quedado raquítico en los resultados para preservar la tranquilidad en territorios como el Cauca, el Valle, el Chocó y la región del Catatumbo.

Cuando menos por dignidad y respeto a las víctimas, el Congreso de la República debe llamarlo a rendir cuentas y decidir sobre su futuro para intentar recomponer el camino en un aspecto de extrema sensibilidad para los colombianos.

Si la acción social integral es necesaria, la presencia militar sostenida no lo es menos cuando de garantizar los derechos de la población civil se trata.

No puede ser cuestión de actos dramatúrgicos en teatros operacionales donde Ministros y Altos funcionarios del Estado juegan  a ser boyscouts y se hacen selfies para luego salir escoltados por helicopteros artillados, mientras la comunidad sigue expuesta a las mismas amenazas y presiones.

El tiempo del ministro Velásquez en la cartera de Defensa está más que cumplido, como lo prueban no solo  una larga lista de hechos violentos contra la fuerza pública y la población, sino también las voces disonantes para el Gobierno de alcaldes y mandatarios regionales, clamando, casi suplicando el despliegue de tropas y operaciones en sus terrritorios.

Si es una política de Estado no actuar o ponerse del lado de los violentos, en el justo equilibrio de poderes y en coherencia  con el discurso, las fuerzas políticas representadas en el Congreso colombiano deben invocar  cuanto antes el recurso de la moción para que llegue la renovación y para que el presidente de la República asuma sus responsabilidades en esa orilla ideológica donde hace carrera la creencia de que si se cometen errores siempre es de buena fe.