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El centro de la discusión fue la proporcionalidad de la pena y los delitos imputados, un tema que compromete en sí mismo el principio fundamental del equilibrio que debe acompañar la acción de quienes imparten justicia.
Los reclamos, muchos de los cuales se replicaron una y otra vez, ponían de presente cómo frente a la comisión de conductas punibles, considerablemente más graves y hechos de connotación nacional en los que se han visto comprometidas incluso vidas humanas, los responsables han terminado purgando irrisorias penas o recibiendo beneficios de tal laxitud que hoy los tienen absueltos o enfrentando sus procesos en libertad.
Y aunque en mucho le asiste la razón a esas voces disonantes, vale la pena ir un poco más a la profundidad de la decisión del alto tribunal.
Lo primero que hay que decir es que con este veredicto, la Corte sienta un precedente jurisprudencial respecto del ejercicio de la libertad de expresión y los límites que tienen las que algunos consideran “profesiones” en la era digital como influenciadores y Youtubers.
En su amplia exposición de motivos, la sentencia hace hincapié en la responsabilidad que existe entre quienes ejerciendo algún grado de dominio sobre las masas, mediante la generación de contenido para redes sociales, acaban siendo ejemplos y modelos, cuyos comportamientos son susceptibles de imitar o seguir.
El reproche de los magistrados frente a las acciones vandálicas ejercidas por Daneidy Barrera contra el sistema público de transporte e instalaciones ofíciales, durante el denominado estallido social del 2021, no admite la tesis de que se trató de un acto deliberado y desprevenido de quien, inocentemente, solo pretendía obtener réditos económicos y capital digital en número de seguidores o views, anteponiendo el contexto de la grave situación de orden público que enfrentaba el país y que a la luz del código penal configuró los escenarios para probar la instigación a delinquir con fines de terrorismo, entendido este último concepto como toda acción capaz de generar zozobra o preocupación en la comunidad.
Así las cosas, no hubo lugar a atenuantes enmarcados dentro del derecho a la protesta social. Las conductas de ‘Epa Colombia’, lejos estuvieron de constituir una manifestación política o ideológica y fueron más bien una jugada torpe de quien creyó amasar más reconocimiento valiéndose para ello de una situación coyuntural.
Debe llamar esto la atención de quienes escudados en su irreverencia, flow, estilo y desparpajo creen que la moderación a la hora publicar contenidos no es cosa que les comprometa.
Son varios ejemplos alrededor del mundo en los que la imprudencia disfrazada de intrepidez, persiguiendo likes, interacciones y viralidad ha llevado a muchos a documentar su propia muerte.
Y aunque en el caso de Daneidy el destino no fue mortal, sí hay un patrón coincidente: convertirse en protagonista y verdugo de sí mismo.
Sus propios registros de video terminaron autoincriminándola y convirtiéndose en la prueba reina con la que la Fiscalía la venció en juicio. Un verdadero tratado del arte de lo absurdo.
El mensaje de la Corte a los orientadores alternativos de la opinión pública es claro: No puede hacer carrera el que para alcanzar el reconocimiento en el mundo de la social media, el camino expedito sea recurrir al todo vale.
Al margen del debate jurídico, respecto de si la pena fue o no excesiva, la justicia por naturaleza está llamada a ser una reguladora de la vida en sociedad, eso hace que en la mayoría de los casos procure ser ejemplarizante.
En una lógica menos revanchista a la que estamos acostumbrados, hoy la consigna no debería ser: menos mano dura para quien confesó un delito, bajo el argumento de que en peores escenarios hay impunidad, sino la exigencia para que el castigo llegue con severidad, oportunidad e imparcialidad a todo aquel que se atreva a sobrepasar la ley.
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