Huecos, pedagogía de lo público

Sin embargo, sí es momento de llamarnos a verdades, especialmente cuando hoy desde las redes sociales y la agenda mediática le llueven proyectiles a la mandataria por la realidad de las vías urbanas de Ibagué.

Si bien la política del retrovisor a estas alturas no resulta una estrategia admisible, es importante, en aras de hacer pedagogía sobre lo público, comprender el contexto de la situación.

No se equivoca la alcaldesa Aranda cuando asegura que estamos frente a una problemática estructural. El descuido frente a la malla vial de la ciudad viene desde hace muchos años y de varios gobiernos, incluso de mandatarios enredados con obras fantasma que tras liberarse de la guillotina hoy pretenden ejercer como verdugos.

La complejidad del asunto tiene varias aristas. La primera de carácter técnico guarda relación con la inviabildad de intervenir tramos con asfalto o concreto donde las condiciones de  las redes de acueducto y alcantarillado son obsoletas.

Por ello la recuperación exige una coordinación interinstitucional de las entidades de gobierno responsables en la materia.El denominado combo 3x1 que resulta una apuesta adecuada.

Hacer lo contrario sería incurrir flagrantemente en un detrimento patrimonial con sus consecuencias disciplinarias y fiscales.

El segundo aspecto es el costo que tendrían las soluciones de fondo frente a las limitaciones presupuestales del municipio.

Según estimaciones del secretario de Hacienda de Ibagué, Ángel María Gómez, mejorar el estado de los cerca de 3.600  kilómetros que componen los trazados viales con que cuenta la ciudad, demandaría una inversión aproximada a los 400 mil millones de pesos, para lo que se necesitarían 20 años y por lo menos en su equivalencia cinco gobiernos más. Y aún alcanzando la meta en este plazo, al terminar, habría que reiniciar la tarea para asegurar el mantenimiento de los trabajos.

Un tercer factor compromete a los ciudadanos, pues la reposición de redes de acueducto y alcantarillado pasa por la autorización consensuada para la instalación de acometidas domiciliarias, sobre lo que la ley dispone la financiación a través de las facturas o la potestad para que cada propietario contrate estos trabajos de manera independiente, sujetos a la revisión y visto bueno de la empresa de servicios públicos autorizada.

Lograr estos consensos no siempre resulta un ejercicio simple, cuando en el imaginario colectivo existe esa cultura paternalista que supone, todo lo público es responsabilidad del estado.

No muy lejos de ahí, está el necesario afianzamiento del sentido de pertenencia y  cultura ciudadana para evitar, como en el caso del polémico cartel instalado en el barrio Boquerón, el deterioro de la infraestructura por parte de inescrupulosos que dos y hasta tres veces han vandalizado las rejillas o el hurto de tapas de la red de alcantarillado en sitios tan visibles como la carrera Cuarta con calle 11 donde es casi imposible que sin importar la hora del día, alguien se hubiera percatado.

El reclamo de los ciudadanos es justo y comprensible, en especial  cuando se tributa y se hace a tiempo, con una buena cultura de pago que por tradición caracteriza a los ibaguereños.

Pero también hay que ser justos frente a los tiempos. Es comprensible que doña Teresa en El Salado y don Luis en el Ricaurte esperen ver sus cuadras recuperadas y que sus motos o carros no sufran tan solo intentando entrar o salir del parqueadero, pero no es tan simple como creer que la chequera oficial puede pagar una carga de asfalto o la movilización de personal y maquinaria, de la noche a la mañana.

El régimen de contratación pública en Colombia, aunque no lo parezca, es riguroso y legalista, procurando salvaguardar el dinero de todos, y si aún siéndolo resulta vulnerable,  ¿cómo sería si se permitieran más libertades?

Las licitaciones de obra llegan a tomar varios meses y en ocasiones cerca de terminar el trámite deben volver a iniciar ante la ausencia de proponentes.

Por tanto, apenas un año después de asumir la gerencia de la ciudad es obtuso y desproporcionado el matoneo que enfrenta la administración, que sí debe tomar el clamor de la comunidad como una alerta para agilizar los procesos contractuales y hacer lo que le corresponde: entregar resultados, sin caer en el juego de las provocaciones de origen, claramente político, que acaban por desdibujar su actuar y generan nuevos frentes de ataque y ruido mediático.

A quienes tanto les dice preocupar el estado de la malla vial, en el legítimo ejercicio de la ciudadanía están llamados a tener los ojos bien abiertos y aplicar el respectivo control social a los contratos y ejecuciones para advertir en qué momento algo pueda estar saliéndose del margen la legalidad.

Y por último, sí que sería importante que se definieran planes maestros con fuerza de política pública que para una necesidad de tal calado permitieran avanzar en soluciones de largo plazo, comprometiendo en su cumplimiento a cada administración venidera, sin importar su abstracción ideólogica o color político. Despojándose de la vanidad de quién corta la cinta.

A los ciudadanos,  hoy hay que pedirles un compás de espera para saber si hay que aplicar más presión y a los críticos despiadados que procuran sacar ventajas electorales desde temprano, acuñando las palabras de Iván Mejía en su retiro del mundo de la crónica deportiva, sólo basta decirles: “No jodan”