La violencia generalizada desde arriba no tiene pie ni forma, pero si golpea de manera profunda a los sin nada y sin tierra. Es la fría realidad que vivimos en pleno siglo XXI en Colombia. Pareciera que la in-gobernabilidad y la falta de carácter/madurez política por parte del gobierno del “presidente” Iván Duque, reflejará su incapacidad de ponerle rienda a un país que tanto necesita de paz, tranquilidad y armonía en sus territorios.
En lo corrido del 2020, presenciamos la masacre de los sin nada y sin tierra aquellas personas que han sido asesinadas por las fuerzas oscuras y para-estatales que le temen a la construcción de la paz desde los territorios. Aquellos líderes/as sociales, populares y comunitarias de condición indígena, negra/afro, mestiza o ex-combatientes de las Farc-EP, que son víctimas directas de la indolente capacidad del gobierno y la des-consideración por establecer rutas que logren ponerle freno a la barbarie y el pasado oscuro de la violencia como nación.
Son mal contados 21 dirigentes sociales asesinados en enero del 2020, es decir, uno por día. Es una lástima conocer los comentarios provenientes del exterior donde asumen que paradójicamente estaban más “seguros” en la época del conflicto armado en las regiones, y lo peor del asunto es que el gobierno de Duque y la in-decorosa Fiscalía, no reconoce las cifras de los movimientos, institutos y asociaciones populares, que conocen desde adentro la problemática que viven los territorios con sus comunidades víctimas del despojo, el narcotráfico y la violencia sistémica del Estado.
Sin embargo, la clase política tradicional y los grupos mafiosos/politiqueros encajonados en las instituciones del Estado, argumentan que no todos son líderes sociales y pretenden embotellar la discusión en lograr identificar ¿qué es un líder social? Siendo una muestra del desconocimiento y desprecio del gobierno hacia los sin tierra y sin nada. Lo peor del asunto, es que un líder no se forma de la noche a la mañana, son seres humanos dedicados en cuerpo/alma al servicio de sus comunidades, por lo tanto, estamos viviendo el extermino de los procesos populares-democráticos orientados a construir una paz integral desde abajo.
En últimas, en medio de las múltiples dificultades hacemos un llamado como colectivos servidores y hacedores de la paz, a que se manifiesten políticamente desde las gobernaciones de turno, y anuncien un escenario de emergencia social –pública, y que se desplieguen anillos y redes en defensa de los territorios que logre integrar los pueblos, movimientos y actores comunitarios para que sean co-partícipes de la seguridad en sus tierras, bajo la protección/revisión de las redes/medios internacionales que apuestan por seguir haciendo de la paz una realidad posible en las tierras de macondo.
Coletazo: oportuno el pronunciamiento de la iglesia católica sobre la situación de los líderes sociales: “Nos manifestamos solidarios con los sobrevivientes, los familiares y seres queridos de quienes han perdido la vida en esta oleada de violencia y muerte sin sentido”.
Ñapa: la JEP en medio de la persecución y la falta de voluntad política del gobierno de turno, logra un paso vital, reconocer al Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric) y a la Asociación de Cabildo Indígena del Norte del Cauca (Acin) como víctimas colectivas de la violencia y el conflicto armado colombiano.
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