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Se especula que este tipo de conducta no es nueva allí, que muchos y muy grandes negociados se vienen realizando de tiempo atrás, aprovechando la flexibilidad en la contratación establecida para responder con agilidad a los desastres que surgen cada día. Pero parece que ahora se les fue la mano y los “pescaron con las manos en la masa”.
Ojalá, esta vez se surtan los procesos legales con máxima prontitud y se sancione no solo a operadores y mandaderos, también a los cerebros de tan execrable crimen; además, que se recuperen los dineros robados e introduzcan correctivos que eviten la repetición de desastres como éste, en la entidad llamada a atender tantas calamidades.
Pero si hablamos de corrupción e ineficiencia, cabe traer a colación el caso de la Sociedad de Activos Especiales –SAE-. Que según reza en su constitución tiene como tarea administrar, gestionar y democratizar activos provenientes de actividades ilícitas, buscando… el tránsito de las economías rentistas y economías ilícitas a un sistema económico productivo… y agrega: “Una vez concluyan los procesos penales o las acciones de extinción del dominio, los bienes incautados serán devueltos a quienes hayan acreditado un derecho legítimo o ingresarán al Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado…” (Decreto 1069 de 2015).
Los medios de comunicación dan cuenta de los numerosos bienes que incauta la SAE y luego entrega en administración, inclusive a testaferros de los mismos supuestos dueños, o a mercachifles que pagan al Estado cifras miserables por arrendamiento mientras obtienen jugosas ganancias y permiten su deterioro. Pero no solo eso, se conocen casos cercanos de apartamentos en edificios de diverso tipo y casas en conjuntos residenciales, que han sido incautadas y abandonadas, acumulando numerosas y crecientes goteras, humedades, jardines enmontados y así propician que inclusive casas que fueron bellas, se arruinen y conviertan en albergue de perros, gatos, ratas, cucarachas, comején, hormigas e indigentes. Con el agravante de que no pagan los correspondientes servicios públicos, impuestos, ni administración y se constituyen en peligro para la salud y seguridad de los vecinos. Además, después de varios años, el acumulado de deudas e intereses de mora será tanto que casi bordea el valor del inmueble. Y, peor aún, si alguien se interesa en el inmueble, en la SAE responderán que no pueden dar información…. Y así transcurren años y años.
Se entiende que ocurrida la incautación de un bien siguen procesos que se prolongan porque interponen múltiples recursos legales para recuperarlos, y también se especula que en buena parte ocurre por ineficiencia de la SAE o porque alguien “presiona” para que el bien regrese a quien le fue incautado. Cabe entonces afirmar que en esas condiciones poco o nada se logra, excepto profundizar el imaginario de que la ineficiencia y la corrupción predominan en la SAE y los bienes que incautan poco o nada benefician a sus víctimas y, además, la entidad ignora el daño que causan a quienes sufren las graves implicaciones de tener semejantes vecinos.
En suma, que hayan funcionado en forma deplorable por tanto tiempo es la mayor razón para que, con máxima diligencia se adopten medidas contundentes dirigidas a corregir semejantes desastres, para que por fin, la SAE y la UNGRD cumplan correctamente su crucial función.
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