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Esas capturas por la Policía y fuerzas de seguridad, les implican un gran esfuerzo que reconocemos y aplaudimos, pero lo que sigue es devastador porque, después, los “presuntos” delincuentes son llevados a la URI y allí los reseñarán, revisarán sus antecedentes y encontrarán numerosos reincidentes que sustentan su calidad de delincuentes. Y puede suceder que encuentren que hubo errores de procedimiento en la captura y por tanto deben soltarlos, y de paso desencartarse de ellos porque los calabozos están atiborrados. Algunos permanecerán allí mientras surten procesos que pueden prolongarse porque tampoco encuentran espacio en las atestadas cárceles.
Luego llegarán abogados que se ocuparán de interponer múltiples recursos y, entre tanto, nuestro aparato judicial no cuenta con suficientes operadores e instrumentos para tramitar los miles de casos acumulados. El tiempo corre y muchos de esos delincuentes serán liberados por vencimiento de términos y retornarán a la calle para continuar delinquiendo, muertos de la risa porque lograron evadir la justicia.
Viene al caso citar el relato de un joven abogado graduado en una universidad capitalina que, por falta de alternativas asume su primer empleo como Inspector de Policía en un remoto pueblo enclavado en “la Colombia olvidada”. Transcurridos siete meses, confiesa inmensa frustración porque, a pesar de su deseo de cumplir bien su tarea, ésta se limitó a registrar y reportar los numerosos delitos ocurridos en su entorno, inclusive masacres, desaparecidos, desplazamientos y cadáveres flotando en el río. Lamentablemente su intervención concluye con el reporte, porque no tenía la competencia ni condiciones para recolectar pruebas e investigar, todo, a pesar de que el pueblo entero sabe quiénes son los delincuentes pero callan por temor; igual hacen los pocos policías en servicio, de quienes sospechan que son aliados de los delincuentes, o actúan así para evitar problemas porque se sienten desprotegidos.
Tan desolador panorama va en línea con la aseveración del Presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, Diego Corredor, en intervención reciente en Ibagué, cuando señaló: “El reto que tenemos … es solucionar los problemas que registra el sistema penal porque de no hacerlo se entraría en una grave crisis, aludiendo a las circunstancias que llevan a la congestión judicial…”. Según datos de la Fiscalía en 2022 se reportaron 1.6 millones de noticias criminales, en 2023 sumaron 1.8 millones, y a mayo 30 de 2024 recibieron 559.313 noticias por supuestos delitos. Así, hoy los procesos activos superan los 3.3 millones; y la recién designada Ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, afirma: “La impunidad en los procesos judiciales en el país ronda el 97%”.
Semejante situación es un acumulado de larga data, impacta gravemente todo el quehacer del país y agobia a la ciudadanía, a la Policía y la fuerza pública porque a pesar de su trabajo y sacrificio no logran arrinconar a los criminales; es evidente que cuanto se viene haciendo es absolutamente insuficiente. ¿Qué hacer ante esta tragedia? Precisarlo es responsabilidad prioritaria del Presidente, ministros de Justicia y Defensa, Congreso, agencias de inteligencia y demás entes competentes; a ellos corresponde actuar y demostrar que no se limitan a observar, hacer discursos y declaraciones, que es la devastadora imagen que proyectan.
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