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Es difícil entender la lógica detrás del pensamiento de los ministros de Hacienda en Colombia en lo que respecta a las reformas tributarias. A lo largo de los años, hemos sido testigos de propuestas que se debaten entre lo irracional y lo absurdo, generando una gran cantidad de interrogantes en un escenario agridulce y lleno de enormes desafíos.
Haciendo referencia a los últimos jefes de esta cartera, durante el gobierno de Duque, el ministro Alberto Carrasquilla presentó, de manera inexplicable, una reforma tributaria en medio de la peor crisis de salud global ocasionada por la pandemia del COVID-19, cuando la recesión alcanzaba su punto máximo y se desataba la mayor protesta social en todo el país. Esta situación llevó a la renuncia de Carrasquilla y al retiro inmediato de la propuesta por parte de su sucesor, el ministro Restrepo.
Por otra parte, con el inicio del periodo presidencial de Petro y bajo la dirección del ministro de Hacienda José Antonio Ocampo, el Congreso aprobó la mayor reforma tributaria de la historia, que pretendía obtener una cifra extravagante de más de 50 billones de pesos. Sin embargo, esta fracasó cuando la Corte hundió algunos de sus artículos al considerarlos inconstitucionales. Además, resultó ser un fiasco, puesto que solo logró recaudar menos de una cuarta parte de lo presupuestado inicialmente. Para colmo, Ocampo renunció debido a la polémica en torno a la reforma de la salud.
El actual ministro, Ricardo Bonilla, anuncia una nueva reforma con el objetivo de recaudar 16 billones de pesos para cubrir el déficit del presupuesto presentado al Congreso, que, según los expertos, asciende a 32 billones. Esta reforma se presenta en medio de los escándalos relacionados con la presunta compra de votos a parlamentarios para obtener apoyo, la corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y otros casos, en los cuales Bonilla se ha visto implicado.
Lo paradójico de la historia es que, en lugar de aumentar la recaudación en las arcas públicas, las últimas reformas han reducido los ingresos. En un contexto de crecimiento económico insignificante y con el país al borde de la recesión, presentar un nuevo proyecto es como intentar extraer sangre de una persona con anemia para una donación.
Parece que los ministros y los parlamentarios no han entendido que un aumento en la tributación no necesariamente se traduce en un mayor recaudo. Para lograrlo, se requiere incentivar el crecimiento económico, estabilidad jurídica, inversión, repatriación de capitales, disminución de la evasión, entre otros factores. La ecuación es clara: si las empresas y las personas naturales logran utilidades y se lucha contra la corrupción, la situación cambia significativamente.
Como lo mencionó recientemente en una entrevista el exministro José Manuel Restrepo, actual rector de la Escuela de Ingenieros de Antioquia, quien ha sido el único que no presentó una reforma y apagó el incendio que dejó Carrasquilla, antes de plantear cambios en el sistema tributario, el gobierno debe revisar el elevado gasto público y las proyecciones para el 2025, que asciende de 210 a 327 billones de pesos.
Es crucial que el gobierno enfoque sus esfuerzos en cómo recuperar el grado de inversión, resolver el desafío fiscal y cuidar las cifras de pobreza que podrían verse afectadas. Deberíamos aprender de países como China o Corea que hace 60 años eran más pobres que Colombia, pero hoy han logrado superarnos y transformar a sus comunidades. ¡Es hora de construir hacia el futuro y dejar de buscar culpables por el pasado!
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